Los promotores de viviendas sociales tienen dificultades para conseguir terrenos
La adquisión de terrenos para viviendas sociales y la forma de pago de éstas son las principales dificultades que encuentran las constructoras a la hora de decidirse a construir este tipo de viviendas, según se puso de manifiesto en un coloquio organizado por la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Edificios Urbanos de Madrid.José Antonio Durán, consejero delegado de Covasa, señaló que el plan de viviendas sociales proyecta construir 450.000 viviendas en el plazo de cuatro años, obras que deberán realizarse por parte de la Administración y de la iniciativa privada.
En cuanto al problema del suelo, el señor Durán señaló que los problemas con los que se han encontrado son tan duros que dificultan el trabajo de los promotores que tienen intención de construir viviendas sociales. «Además de esto -prosiguió- los ayuntamientos no quieren hacerse cargo de urbanizaciones que recargan sus presupuestos sin darles una contraposición suficiente, pero si los ayuntamientos no nos admiten, entregaremos las urbanizaciones directamente a los usuarios.»
Insuficiencia de viviendas
La mayor dificultad con que los promotores se encuentran es la financiación. La alternativa sugerida en el coloquio fue que la Banca se encargue de la compra del suelo, las certificaciones de las obras y de una revisión trimestral del aumento del coste de los materiales y de la mano de obra.La insuficiencia de viviendas sociales que se proyecta construir también fue tratado en el coloquio. Los datos ofrecidos por los constructores fueron de un total de 40.000 en una primera fase, para las cuales ya existen 170.000 peticiones.
Las adjudicaciones, que se harán por medio de un ordenador electrónico, se harán públicas en el curso de esta semana en el Ministerio de la Vivienda.
Respecto a este mismo tema, según la agencia Logos, hay que señalar que se han instruido en Madrid un total de 315 expedientes para expropiar en Madrid viviendas deshabitadas no utilizadas como domicilio por los adjudicatarios, medida tomada en base a la ley de Expropiación aprobada en Cortes el 4 de marzo de este año.
