Los servicios secretos italianos, en el banquillo

El proceso por supuesta conspiración fascista contra el Estado o «golpe Borghese» proseguirá regularmente de ahora en adelante. Casi antes de iniciarse, el lunes pasado, en un complejo deportivo construido por Mussolini, el juicio estuvo a punto de empantanarse. Los jueces, sin embargo, decidieron acoger la petición del principal imputado, el general Vito Miceli, que en 1970 era jefe del Servicio de Información de Defensa (SID) y ahora es diputado neofascista, para que se revelen aspectos de lo que hasta ahora era «secreto sumarial».

El presidente del Gobierno, Giulio Andreotti, tendrá que hacer públicas las normas internas que regulaban las relaciones del servicio secreto con la Magristratura. Miceli es acusado de complicidad por no haber informado a sus superiores de cuanto se tramaba.En varias ocasiones, esta petición de publicidad había sido reiterada por los jueces al poder político, que se había negado a colaborar con la justicia, atrincherándose en el «secreto del sumario». Después de que el 24 de mayo pasado el Tribunal de Garantías Constitucionales declarara parcialmente ilegítimos dos artículos del código de procedimiento penal, se ha creado un vacío de poder. Según explicó anteayer el mismo Andreotti en la Comisión Parlamentaria que está preparando una nueva legislación, el ministro de Justicia ya no puede negarse revelar el secreto. Por otra parte, no existen normas de cómo debe hacerlo el presidente del Consejo.

Se tiene, pues, la impresión de que el juicio a los presuntos conspiradores fascistas se reducirá a un proceso contra el servicio de contraespionaje paralelo, más que contra los «nostálgicos» fascistas.

Escepticismo

El lunes próximo comenzarán pues, los interrogatorios a los 78 acusados por el asunto Borghese. Como en el caso de Catanzaro, donde se trata de procesar a los responsables de los sangrientos sucesos de la plaza Fontana de Milán, que el 12 de diciembre de 1969 costó la vida a dieciséis personas, los expedientes son voluminosos, llenos de mil indicios y declaraciones que pacientemente los jueces han recogido durante estos últimos años. Pero la opinión pública, en general, se muestra escéptica. Se cree que ciertos organismos de información militar han conseguido desviar y complicar el proceso, valiéndose de la falta de legislación clara y orgánica sobre los servicios de inteligencia. Por eso el «premier» Andreotti ha propuesto al Parlamento que se unifiquen el Servicio de Seguridad, que depende del Ministerio del Interior, y el SID, y que de ambos sea responsable ante el Parlamento el propio primer ministro. Andreotti ha confirmado también ante la Comisión parlamentaria sus sospechas de que en la «estrategia de la tensión» han intervenido estos últimos años varios servicios extranjeros. Está seguro, al menos, de que muchos «brigadas» rojos han permanecido por largo tiempo en el exterior.