España y la OTAN

CON MOTIVO del consejo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cobra actualidad el tema del posible ingreso de España en la Alianza y de su adhesión al tratado de Washington.El Gobierno español no ha fijado su posición sobre este tema, que afecta fundamentalmente al país y a sus relaciones internacionales. Son escasas las declaraciones al respecto, en el sentido que sea, y lo deploramos porque el de la OTAN es sólo un aspecto de un problema de primera magnitud, cuya resolución sería una prueba de madurez del nuevo régimen español: el problema de su seguridad, de su defensa, de su noción de la fuerza de que debe dotarse y de su papel en los esfuerzos globales por la paz.

No es posible definirse rotundamente ahora sobre si conviene que España entre o no en la OTAN. Pero gran parte de las determinaciones que harían posible una respuesta adecuada deberían estar ya preparadas. Y no lo están. Se argumenta que España debería esperar a plantearse el problema de la OTAN a que su ingreso en la Comunidad Económica Europea estuviese resuelto. Es como decirle a la pierna izquierda: espera en esta acera mientras la pierna derecha cruza la calle. Los pueblos, como las personas, andan a dos pies: el de su acción económica y el de su voluntad política, parte de la cual es su resolución en materias de seguridad y defensa.

Otros dicen que este Gobierno, con conciencia de provisionalidad hasta una situación democrática, no puede decidir sobre materia tan importante, y que hay que esperar a la formación del Parlamento. Pero este Gobierno y todos los anteriores, la comunidad militar y la diplomática, deberían tener ya sus «papeles de trabajo» en los cajones de la mesa, sobre el tema de las opciones en materia de seguridad internacional de España. ¿Existen estos papeles? Sabemos que se han hecho estudios técnicos, sobre temas de operatividad militar; estos estudios deberían haber sido ya contrastados con la realidad, por medio de su representación en medios académicos y profesionales que existen y son conocidos. No parece que el Gobierno tenga estudios semejantes, distintos a los militares. Nos alegraría equivocarnos, porque es preciso conseguir la base documental e intelectual para formular la decisión última al respecto. Esta es tanto más urgente cuanto que hay acciones de Gobierno y de Administración que están retenidas por, o necesitan de, las definiciones superiores sobre seguridad y política internacional.

Baste decir que la junta de jefes de Estado Mayor, pensada como verdadero protagonista de la articulación del esfuerzo defensivo español, necesita formular el plan estratégico conjunto, con la perspectiva de la OTAN, sin la OTAN, con una opción «Independiente» o «neutralista», pero con una concreta. A su vez, del plan estratégico conjunto depende la organización de la fuerza, el gasto en los tres Ejércitos y gran parte de la reforma militar. La ley 32/71 de dotaciones para la modernización de las Fuerzas Armadas debe ser revisada en los próximos dos años, de cara a su plena efectividad en el decenio de los ochenta, y no vemos cómo puede abordarse este problema, que implica algún billón de pesetas en gastos, sin un marco definido de posturas defensivas.

Parece claro que España forma hoy parte del sistema defensivo de Occidente. Se debe analizar la inclusión de este país en el dispositivo estratégico de: la OTAN y sus ventajas e inconvenientes frente al actual tratado bilateral con los Estados Unidos. Pero éstas son generalidades que hay que respaldar con opciones concretas y públicamente analizadas.