Los obispos españoles y el matrimonio

LA JERARQUIA católica española, en su documento de ayer sobre «Estabilidad del matrimonio», ha reconocido al fin que sus fieles no debieran sentirse «obligados al matrimonio canónico por el imperio de la ley del Estado». Y de alguna manera, en este documento, nuestra Iglesia católica admite que los legisladores civiles no tienen por qué guiarse por las normas de la moral católica a la hora de afrontar temas como el matrimonio y el divorcio.No debe esperarse una actitud más explícita sobre la cuestión del divorcio. Lo publicado por la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe ya es bastante. La Iglesia católica española, en suma, defiende, como es su deber, los valores de la estabilidad e indisolubilidad del matrimonio, pero comienza a acusar los efectos de la opinión pública y de la realidad.

Ya en 1975, más del 70% de los españoles eran partidarios del divorcio, según estadísticas solventes. Y, como es de suponer, la Iglesia no ignora que esa es una opinión mayoritariamente de confesión católica. Tampoco la Iglesia puede obviar ese millón largo de matrimonios separados de facto o de jure, y menos aún olvidar la paradoja de que aún en este país sólo, los casados por la Iglesia tienen posibilidad de divorellarse bajo el rótulo de anulación matrimonial.

Urge clarificar un problema que toca muy íntimamente a muchos españoles. Y que, a la postre, es un problema de Estado en tanto en cuanto éste no puede continuar cediendo parcelas de soberanía, porque lo que el país necesita no es tanto una ley del divorcio como la separación de la Iglesia y del Estado.

Será entonces llegado el día en que la Iglesia católica será sufragada por sus fleles y no por el fisco, y en el que los ciudadanos accederán a serios matrimonios civiles -por supuesto que disolubles-, que podrán complementar o no con los sacramentos que su conciencia les exija.

La Iglesia católica -insistimos-está en su deber de mantener lo establecido en la Revelación, la tradición patrística y la doctrina pontificia. Y, en consecuencia, tener por necesaria la indisolubilidad matrimonial. El Estado aconfesional no debe pronunciarse sobre la vida íntima de los ciudadanos, mientras ésta no roce las leyes. Una ley estricta, reguladora del divorcio, debe ser defendida como una medida de realismo y salud públicos.