Los sindicatos británicos, dispuestos a un acuerdo con el Gobierno

Los sindicalistas británicos que comenzaron ayer a negociar la tercera fase del «contrato social» con el Gobierno laborista se mostraron más enigmáticos que nunca sobre sus condiciones, pero están dispuestos de todos modos a lograr un acuerdo que salve a la administración de cualquier posibilidad de elecciones generales inmediatas y de graves problemas económicos.

James Callaghan, el primer ministro, ha dicho que si la tercera fase de controles salariales consigue la aprobación sindical «Gran Bretaña podría vivir una década dorada a partir de 1980».La mayor dificultad que le plantean los sindicalistas al Gobierno para aprobar una nueva etapa de control de aumentos de sueldos se basa en las reivindicaciones sobre los límites a la importación, que las Trade Unions consideran esencial para rebajar el índice de inflación y aumentar el nivel de empleo.

Una decisión que favorezca esas aspiraciones sindicales es difícil de tomar porque los compromisos europeos e internacionales del Reino Unido obligan a este país a mantener importaciones de artículos que también se producen en el país.

España puede verse afectada

Cada vez que este tipo de temas sale a la luz se renueva en Gran Bretaña la oposición de los sindicatos a la permanencia del Reino Unido en el Mercado Común Europeo, aprobada en 1973 y refrendada en junio de 1975.Entre los países que resultarían afectados por un control en ese sentido sería España, que entre otros productos exporta acero al Reino Unido.

Con Japón ha logrado Londres una serie de acuerdos que limitan la exportación de automóviles y artículos electrodomésticos. Con países como España se ha llegado a la adopción de medidas antidumping, que hacen difícil las ventas, y que en, cierto modo satisfacen a los sindicatos.

Una política general de control de las importaciones es imposible en las actuales circunstancias. A cambio, los sindicatos quieren «una vuelta ordenada a la negociación colectiva de salarios», aunque están de acuerdo con la apreciación del Gobierno sobre el desastre que significaría para el país «una explosión» de los sueldos.

Lo que el Gobierno laborista ofrece como compensacion a la renovación de los controles salariales es una reducción generosa del nivel de impuestos y un control de precios que limitarían la inflación, situada ahora a un nivel, ligeramente superior al 20% anual.

Diferencias salariales

Las negociaciones que se iniciaron ayer también intentan restaurar diferencias en las escalas salariales, que son la causa de los principales problemas que en las últimas semanas han afectado a la British Airways y a la British Leyland.Estas conversaciones también pueden significar el principio del fin del «contrato social». Ninguno de los líderes sindicales que ayer participaron de la negociación de la «tercera fase» están dispuestos a permitir que las restricciones salariales sigan imponiéndose indefinidamente mientras esta administración permanezca en el poder.

Los sindicalistas consideran que «el Gobierno ha de crear el clima adecuado para que las negociaciones resulten aceptables para ambas partes». El ultimátum sindical debió estar presente en la reunión de ayer porque el ministro de Hacienda, Denis Healey, definió la primera ronda de conversaciones con palabras distintas a las habituales: «Más que confiado -dijo- estoy firmemente dispuesto a hacer que estas negociaciones conduzcan a una renovación de los actuales límites salariales». En años anteriores la palabra «confiado» aparecía en todas partes.