El comando "Ulrike Meinhof" se atribuye el asesinato del fiscal federal alemán
El ministro de Asuntos Exteriores alemán y jefe del Gobierno en funciones durante las vacaciones de Pascua, Hans Dietrich Genscher, ha dirigido una alocución a todo el país, a través de la televisión, para reclamar la ayuda de los ciudadanos en la búsqueda de los autores del asesinato del fiscal supremo de la República Federal de Alemania, Siegfried Bunack.
El fiscal fue ametrallado desde una motocicleta cuando se dirigía en automóvil a su despacho, en Karlsruhe, estado de Baden Wurtemberg. En el atentado murió el conductor del coche, que en esta ocasión prestaba su servicio al fiscal por primera vez, y resultó gravemente herido otro ocupante, al que también se dio por muerto en un principio.A media tarde, la policía comunicaba que había detenido a un sospechoso. Sin embargo, ha proseguido la gran operación de búsqueda por toda la RFA, y hasta el momento los puestos fronterizos se hallan estrechamente vigliados. El Gobierno ofrece una recompensa de 200.000 marcos (más de cinco millones de pesetas), a quien aporte algún dato que conduzca a la detención de los autores del asesinato.
La muerte del fiscal general ha obligado a dos ministros a regresar precipitadamente a Bonn: los titulares del Interior, Mainhofer, y de Justicia, Bohen, éste desde su lugar de descanso en Grecia. Los presuntos autores del asesinato han comunicado tres veces consecutivas con la agencia de noticias DPA, reivindicando la comisión del hecho para un autodenominado comando «Ulrike Meinhof». Este grupo activista, que, hizo su primera aparición el 1 de julio pasado, provocando un incendio en la delegación de Justicia de Hamburgo, ha anunciado que llevará a cabo más actuaciones vindicativas.
El asesinato del fiscal ha movido a las autoridades políticas a endurecer las condiciones a que se encuentran sometidos los tres principales activistas del grupo Baader-Meinhof, detenidos en la cárcel de Stuttgart, desde hace dos años. Los tres, Carl Rasped, Gudrum Enssling y Andreas Baader, deberán permanecer absolutamente aislados, sin contacto alguno con el exterior, ni tan siquiera por escrito. Los abogados de los tres han considerado las medidas como no ajustadas a Derecho, por no haberse extendido el mandamiento judicial correspondiente y, sobre todo, porque sus defendidos, en huelga de hambre desde hace más de una semana, necesitan especiales atenciones, en lugar de una mayor dureza dentro de las celdas.
A la actitud del grupo Baader-Meinhof se han unido los reclusos de cinco cárceles alemanas, que también protestan con una huelga de hambre y de sed contra las escuchas policiales en las cárceles alemanas. Todos los partidos políticos representados en el Parlamento coinciden en calificar el atentado como «una grave lesión del Estado de derecho». En la administración de Justicia, la reacción más general es la de una absoluta repulsa de la violencia contra quienes ejercen una función, ya sea la de defensor o la de fiscal, para el esclarecimiento de los hechos delictivos.
Desde el 15 de mayo de 1962, se han registrado en la RFA quince atentados contra personas e instituciones de la administración de Justicia, el último de ellos la explosión de una bomba en el domicilio del vicepresidente del Colegio de Abogados, sin que produjeran víctimas. En la serie de atentados, que comenzó hace cinco años, murieron el juez Drenkmann, presidente de la audiencia de Berlín occidental, y Klaus Juercenn Langer, defensor de la «anarquista» Margrit Schiller. En cuanto al fiscal del Tribunal Supremo ahora asesinado el pasado 2 de febrero, la Comisión de Juristas elevó una nota de protesta contra él, en la que se consideraba primer responsable de las escuchas policiales de conversaciones telefónicas mantenidas con bufetes de ciertos abogados criminalistas, entre ellos
un despacho de Hamburgo.
