El Gobierno deberá decidir sobre los comunistas

La inscripción de una asociación política en el Registro es un acto típicamente administrativo y, en consecuencia, su ejercicio corresponde por imperativo constitucional al Gobierno, se dice en la resolución dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el expediente sobre la legalización del Partido Comunista de España.

Esta actividad se especifica en dicha resolución hecha pública a media mañana de ayer, «le corresponde con los caracteres de exclusividad e integridad, de tal modo que la Administración no puede ser despojada por una ley ordinaria, en todo ni en parte, del ejercicio de sus atribuciones que constitucionalmente le vienen conferidas y forman parte integrante de su propia esencia». Por consiguiente, «la justicia, a su vez, no puede competir, participar, suplir, ni aun cumplimentar a la Administración en el ejercicio de sus peculiares actividades administrativas». Los mismos razonamientos y el mismo fallo se encuentra en la resolución sobre el Partido Carlista, hecha pública también a media mañana de ayer.'Las consecuencias de estos razonamientos son plasmadas en el fallo de la resolución, en el que se declara «la falta de jurisdicción de esta Sala pata conocer de las presentes actuaciones», se anula el acto de remisión del expediente al Tribunal Supremo y se acuerda, por tanto, su devolución al Ministerio de la Gobernación. Todo ello «sin perjuicio de las acciones que para declarar la actitud penal que se presume por la Administración Pública a ella la competan».

La Sala Cuarta, que en el primer considerando de la resolución reclama para sí «su soberana y plena jurisdicción para definir y valorar, en su aspecto sustantivo, la naturaleza jurídica del acto decisorio que de ella se impetra» precisa que en los expedientes sobre legalización de partido políticos incoados por la Administración no perviven las características del proceso contencioso-administrativo, tanto por falta de un acto administrativo definitivo como por falta de impulsión procesal, pues «las actuaciones, desde la presentación de la documentación en el Ministerio de la Gobernación, progresan de oficio y aún debemos añadir que progresan sin solución de continuidad ni, por tanto, mutación de su inicial naturaleza, constituyendo las que se encomiendan a la Sala mera prolongación de la instancia gubernativa.». Por otra parte, la Sala Cuarta resalta «los graves reparos de ilegalidad oponibles al real decreto de 9 de febrero último dictado para regular el procedimiento ante esta Sala, ya que lo fue no solamente con infracción del apartado i) del artículo 10 de la ley Constitutiva de las Cortes, dada la total ausencia de base! delimitadoras de la regulación del proceso, sino también sin que mediara autorización expresa del real decreto-ley de 8 de febrero para tal regulación».

Presunta ilicitud penal

Otro de los argumentos expuestos en la resolución para reforzar la incompetencia de la Sala Cuarta en el caso planteado es la presunta ilicitud penal de los partidos cuya documentación se ha remitido al Alto Tribunal, pues el enjuiciamiento de este tema está excluido forzosamente de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la que exclusivamente actúa la Sala Cuarta.

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