La decisión del Supremo sobre los comunistas puede cambiar el panorama electoral

La falta de solución al problema de los partidos pendientes de legalización podría complicar y enrarecer el clima electoral, ya deteriorado por retiradas, dudas e informaciones contradictorias. Tal es la opinión coincidente de sectores conservadores e izquierdistas, tras anunciarse la posibilidad de que el Alto Tribunal se declare incompetente en los expedientes de legalización de veintiséis organizaciones políticas, entre ellas el Partido Comunista de España. El Gobierno vería con preocupación esta actitud inhibitoria del Tribunal Supremo, que comprometería la nueva estrategia de la reforma.

También existe una coincidencia creciente en considerar muy reducido el plazo de tres semanas proyectado por el Gobierno para concentrar en él toda la campaña electoral. Tras el desentrenamiento político de las últimas décadas, varios partidos han pedido, en vano, que se permita utilizar la televisión para crear un clima de opinión pública previa y equitativa para afrontar las elecciones con suficiente información por parte de los electores. Otras formaciones políticas ven con preocupación la posibilidad de que la aparición de los equipos gubernamentales en la operación electoral confiera a los primeros comicios un estilo similar al del franquismo, con el aparato y el presupuesto del Movimiento inclinado a favor de las candidaturas oficialistas y Radiotelevisión Española, en actitud de marcada parcialidad. La perspectiva de una elección abrumadoramente protagonizada por el Poder ha despertado ya reservas, en el Partido Socialista Obrero Español y el Equipo de la Democracia Cristiana, y ha dado pie a la retirada de dos dirigentes de la derecha, los señores Areilza y Gil Robles, que han hecho público su propósito de no participar en las primeras legislativas.Los comentarios del establecimiento oficial, concentrado en las Cortes para dictaminar la futura legislación sindical, recordaban que el presidente Suárez no se había pronunciado aún sobre su eventual presentación, o la de sus hombres, en los comicios de junio, aunque la mayor parte de los preguntados coincidían en considerar casi segura la decisión de participar, ya tomada, según algunos, por Adolfo Suárez. En los mismos medios era muy comentada la reciente toma de postura del secretario del PCE, señor Carrillo, del que se ha publicado una declaración todavía no desmentida ni confirmada: «Soy totalmente partidario de Suárez.»

Varias instancias oficiales consideran el calendario de los próximos meses, donde destaca una clara acumulación de problemas en el final de abril: decisión última sobre legalización del Partido Comunista, efemérides en el País Vasco, amnistía completa o incompleta para sus presos políticos, índice del coste de vida, decisión del Poder sobre su participación o neutralidad en las elecciones, designación definitiva de candidatos... La perentoriedad de la convocatoria electoral podría restar claridad a la campana, que requeriría -según opinión de democristianos y liberales- un período más dilatado de. preparación y diálogo.

Algunos medios de información han señalado, dentro y fuera del país, la posible divergencia entre una estrategia inmediatista del Gobierno y los planes a largo plazo de la Corona, presumiblemente interesada en distinguir las necesidades de una nueva Constitución de las combinaciones de coyuntura política. En este aspecto, la decisión del Tribunal Supremo podría alterar todas las previsiones electorales, no ya del Gobierno, sino de la propia Corona.

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