El Supremo no resolvió la legalización de los comunistas

Viene de la página primeraCuarta, en medios del Palacio de Justicia se afirmaba ayer que la razón profunda de tal veto sería la toma de posición de un sector importante de magistrados contra la legalización del Partido Comunista. Dado el empate que, según parece, había en la Sala Cuarta en torno a este asunto, el nombramiento de un presidente considerado como liberal se interpretaba como un intento de inclinar la balanza a favor de la legalización.

A media tarde de ayer no se tenía conocimiento de que el Tribunal Supremo hubiese enviado todavía al Ministerio de Justicia la comunicación razonada de su oposición al nombramiento del señor Becerril, aunque parece que, han sido nombrados dos magistrados, uno de la Sala Cuarta y otro de la Sexta, para redactar tal comunicación. Por otra parte, se sabe que el señor Becerril ha visitado a primeras horas de la tarde de ayer al presidente del Tribunal Supremo, señor Silva Melero, en su despacho del Palacio de Justicia. Un grupo de amigos del hasta ahora presidente de la Sala Sexta, entre los que se encuentran Esteban Pérez González, José María Vallés, Fernando Luca de Tena, Horacio Santiago Otero, Abilio Villena, José Cruz Rico y Justo Pozuelo, han convocado un homenaje al señor Becerril para el próximo viernes, día 1 de abril. El homenaje consistirá en una comida en el restaurante Biarritz, de Madrid.

Comunicado de Justicia Democrática

En relación con estos acontecimientos, Justicia Democrática ha hecho público, a últimas horas de ayer, el siguiente comunicado:

«Ante los recientes acontecimientos surgidos en el Tribunal Supremo con motivo de las inminentes decisiones sobre legalización de partidos políticos, Justicia Democrática declara:

1. Que el Gobierno carece de facultades para coartar o restringir el ejercicio del derecho de asociación política, como presupuesto ineludible para la existencia de un Estado democrático y de Derecho, pues tiene obligación de amparar la constitución de partidos políticos, sin prejuzgar su futura actuación, si es que pretende cumplir la ley de Reforma Política, la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los acuerdos de la Conferencia de Helsinki.2. El Gobierno, al remitir discriminadamente la legalización de algunos partidos políticos al Tribunal Supremo, debió ser consciente de que esta institución está compuesta, en gran parte de sus miembros, por personas de absoluta confianza y probada lealtad a la dictadura de los últimos cuarenta años.

3. El Tribunal Supremo, que durante la dictadura jamás mantuvo una actitud de oposición a los nombramientos producidos en su seno, plantea ahora, por primera vez en muchos años, con ocasión del nombramiento de don Juan Becerril Antón-Miralles como presidente de su Sala Cuarta, que ha de resolver la legalización de los partidos políticos, cuestiones formales para oponerse a esta designación, por temer que «de algún modo favoreciera el amplio reconocimiento del derecho de asociación política».

4. Ni el Gobierno ni el Tribunal Supremo -que sólo ha conocido de las asociaciones políticas para penalizarlas- pueden impedir la existencia de partidos políticos sobre cuya organización y actuación no se puede establecer un rechazo anticipado.

Por tanto, Justicia Democrática insiste en la necesidad de estimar lícita la constitución y funcionamiento de todos los partidos políticos, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan derivarse de su actuación. »

Reunión del Consejo Judicial

Durante dos horas y media estuvo reunido en la tarde de ayer, en el Palacio de Justicia, el Consejo Judicial, según informa Europa Press. No ha trascendido el contenido de lo tratado en la reunión, aunque es lógico pensar que se han tratado los últimos acontecimientos de la Sala Cuarta.