La independencia estadística debe salvaguardarse

La dimisión del director general del Instituto Nacional de Estadística, y las dificultades para encontrar quien le sustituya, tienen, un denominador común que, en las actuales circunstancias, se antoja especialmente grave: la propia independencia del INE.

No es preciso retroceder excesivamente en nuestra reciente historia, para encontrar intentos de utilización triunfalista de unos determinados indicadores estadísticos, cuya frialdad suele ser harto manifiesta. Es un vicio antiguo de los regímenes escasamente participativos, que precisan datos espectaculares -no importa que sean engañosos- para que la adhesión espontánea de las masas requiera menos esfuerzos. No hay que decir que los indicadores estadísticos se tornan, en tales casos, consignas. Por las mismas razones, cuando los datos son difícilmente justificables -en ciertos regímenes políticos nada es negativo-, se arbitran los mecanismos oportunos, para que su difusión pase sin pena ni gloria.Diversos Departamentos del Ejecutivo -no importa cuáles- han cuestionado la competencia misma del Instituto y la de las personas encargadas de realizar las tareas que le competen. El caso concreto del índice de precios no debe distraernos. Son muchos los indicadores socioeconómicos que, sin que se sepa por qué, no han sido ultimados o publicados por los diferentes servicios del INE. Ricardo Torrón ha abandonado el cargo por algo tan poco frecuente como es dar la cara por el organismo y los funcionarios cuya dirección le había sido encomendada. Si la práctica fuera más frecuente, nuestra Administración tendría mayor eficacia y menor dispersión.

Ante la manifiesta necesidad de acometer la reforma de la Administración pública, es preciso constatar que el organismo encargado de elaborar los índices de la evolución socioeconómica española debe gozar, de una independencia absoluta. Ello constituye una aspiración no negociable, que debe hacer suya toda la sociedad.

Para calibrar su importancia, baste recordar que la confección anual de las tablas salariales se realiza en función de cómo evolucione el índice oficial de precios; aceptado previamente por empresarios y obreros como válido en la negociación de convenios.

Es importante poner término a las continuas instigaciones, a un confusionismo que parece se pretende potenciar. ¿A qué responde, si no, la dualidad en las cifras de paro, cuando se ofrecen conjuntamente las del INE y las del Ministerio de Trabajo? ¿O la singular idea de calcular el índice de precios en dos Ministerios diferentes?

El tema precisa -ello es obvio- una gran dosis de seriedad. Y no responde a esta necesidad que el ministro de Hacienda, al resumir 1976, descalifique el índice de precios de 1968, porque sus resultados fueron desfavorables, y ahora coopere a que los españoles sepamos sólo oficiosamente que nuestros precios han crecido casi un 7%, desde que comenzó el año. Como si las subidas de precios sólo afectaran al Gobierno, y no a todos los españoles.