¿Libertad para todos?

El conjunto de instrumentos jurídicos aprobados por el Consejo de Ministros en la sesión del pasado viernes, si bien no satisface formalmente las peticiones de amnistía total, que tan hondo eco popular han despertado en el País Vasco, permitiría llegar, en la práctica, y por distintas vías, a ese mismo resultado. Desde ahora mismo, la ampliación de la amnistía de julio de 1976 a supuestos antes excluidos de su ámbito y el indulto general para quienes hayan participado de manera no directamente necesaria en actos no amnistiables reducirá considerablemente la población penal condenada o procesada por delitos políticos. El indulto general de hasta doce años por delitos políticos cometidos hasta el 15 de diciembre de 1976 apunta, presumiblemente a las acciones cometidas antes de esa fecha y después de la amnistía de julio. Finalmente, el indulto de la cuarta parte de la pena cubriria hechos posteriores al 15 de diciembre de 1976.Fuera de estos mecanismos de aplicación automática quedan (además de la parte de las penas no cubiertas por los beneficios de los indultos antes aludidos) los delitos excluidos de la amnistía de julio de 19761 esto es, los llamados delitos de sangre. Sin embargo, un hecho nuevo respecto a la situación anterior es que el Gobierno se ha dejado las manos libres para aplicar medidas particulares de gracia también a todos esos condenados.

Decimos que el Gobierno puede hacerlo; no que forzosamente lo vaya a hacer.

Sin duda, la petición de amnistía total pone en carne viva la sensibilidad de los familiares, amigos, compañeros, y correligionarios de quienes perdieron la vida a manos de los hombres de ETA. A su vez, los que se sienten solidarios con los etarras muertos los consideran idealistas políticos caídos en la lucha y no delincuentes, y continúan pidiendo la liberación de todos los presos políticos.

Tal es el círculo que el Gobierno debe romper. Sólo la gran política puede cortar el nudo gordiano de ese trágico conflicto emocional e ideológico; sólo la razón de Estado debe ser tenida en cuenta a la hora de solucionarlo. Porque el deterioro de la situación delPaís Vasco podría arrastrar tras de sí a la incipiente democracia española.

Y a esa tarea deben colaborar todos los que deseen un futuro pacífico y democrático para nuestro país. El Gobierno necesitará ayuda para que los recalcitrantes de la violencia depongan las armas, y es ésta una petición que debe hacerse a ETA a la hora de ejercer el perdón. Eso y una declaración pública de ETA de renuncia a la lucha armada permitiría al Gobierno vaciar sin escándalo, las cárceles de presos políticos, permitir el retorno de los exiliados y pacificar finalmente el País Vasco. Condición ésta indispensable para cornenzar a negociar con sinceridad el futuro político de Euzkadi y terminar de afianzar el futuro de la democracia y la Corona.