Explicaciones del Consejo

Carlos Mendoza,Gimeno, veterano presidente del Metro, expuso en la junta general las causas que han llevado al Metro a la situación actual, calificada por el vícepresidInte de la Compañía como de próxima a la quiebra.El señor Mendoza señaló que a partir del control de tarifas establecido en 1939, por razones sociales, la expansión se hizo más difícil. A partir de 1955 el Estado se hizo cargo de la realización de una parte de las infraestructuras de nuevas líneas con lo que se amplió la red y creció el número de usuarios y, por tanto, de ingresos. El aumento progresivo de tarifas permitió el desarrollo normal de la sociedad. En 1960, se aprobó un dictamen del. Consejo de Estado a petición del Ministerío de Obras Públicas favorable a la libertad de tarifas que la compañía concesionaria debe aplicar sin menoscabo de la homologación del Gobierno. Un año más tarde, informó el señor Mendoza, una sentencia del Tribunal Supremo se manifestó en los mismos términos. Ninguna de ellas decisiones fue acatada por la Administración.

En 1969, el Gobierno creó una comisión interministerial ante la insistencia del Metro para tratar la situación financiera de la sociedad y la necesidad de nuevas tarifas. La comisión no llegó a ser operativa. Una carta al vicepresidente Carrero sobre la situación crítica de la sociedad hizo posible un aumento de tarifas en agosto de 1970 que supuso un balón de oxígeno para la compañía. En marzo de 1972 el Consejo de Ministros aprobó el criterio de proceder a revisiones anuales de tarifas de acuerdo con la evolución de los costes generales de la explotación. Esta decisión no llegó a cumplirse con regularidad. Una nueva comisión inteministerial, constituida en mayo de 1976, presentó un informe en noviembre favorable a una gestión unificada del transporte urbano, la desprivatización del Metro y la valoración de la sociedad para pago dejusto precio a los accionistas. Cuando esto se plantea, la situación de la empresa es angustiosa.

En el ejercicio 1976 las pérdidas se estiman en unos 75 millones.

El vicepresidente, Ramón García Moliner, representante en el consejo del Banco Hispano, explicó que en las negociaciones con el Ministerio de Obras Públicas para establecer cuál debe ser el justo precio de la sociedad, éste señaló como aplicable la ley de Fomento Ampliación y Mejora de Ferrocarriles de 21-4-49. Indicó también que, según esta ley, una vez establecido el precio a pagar, en primer lugar se liquidan las deudas (los compromisos financieros del Metro ascienden a 6.181 millones de pesetas) y lo restante se reparte equitativamente a los accionistas.