La defensa de la clase obrera es promover la "discriminación entre ciudadanos"

Al proclamar como fin la defensa de los intereses de la clase obrera y de las masas trabajadoras, el Partido del Trabajo de España (PTE) promueve la discriminación entre los ciudadanos por razón de su situación económica, según el informe del Ministerio de la Gobernación remitido a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, del que ha sido instruido el abogado designado por el PTE para su defensa, Enrique de Castro.Esta es una de las presuntas causas de ilicitud penal de dicho partido, al considerársele comprendido en el número 4.º del artículo 172 del Código Penal. También se le considera incurso en el número 3.º de dicho artículo, por ser un partido republicano, y porque al mostrarse favorable al derecho de autodeterminación de las nacionalidades, atenta contra la soberanía, unidad e independencia de la Patria.

Igualmente se le considera incurso en el número 5.º del mismo artículo, porque al manifestar que se inspira en la teoría del socialismo científico, desarrollada fundamentalmente por Marx, Engels y Lenin, con las aportaciones de Mao Tse-tung, y que se siente solidario con los trabajadores de todo el mundo, se considera que está sometido a una disciplina internacional y que se propone instaurar un régimen totalitario basado en la sociedad comunista, sin clases.

Liga Comunista Revolucionaria

En lo que se refiere a la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), el informe remitido por el Ministerio de la Gobernación al Tribunal Supremo estima que dicha organización ha manifestado su intencionalidad de «cambiar el orden actual, sustituyéndolo por vía revolucionaria y violenta», según fuentes informativas de dicho partido.También indica el informe que, aun cuando actualmente no existe una prohibición con carácter nominativo para los partidos que se denominan comunistas, puede entenderse que esta ideología está comprendida en el artículo 172 del Código Penal, y define a LCR como «vanguardia de la vanguardia del proletariado». También se menciona el tema del poder de los trabajadores -aducido por este partido como uno de sus fines- como discriminatorio y antidemocrático. Igualmente cita el carácter de simpatizante de la Cuarta Internacional de dicha organización y su fusión con ETA-VI Asamblea.Los asesores jurídicos de ambos partidos -PTE y LCR-, así como los de otras organizaciones rechazadas, trabajan actualmente en la preparación de su defensa. Un representante del segundo de los partidos mencionados ha declarado, en concreto, que ellos han demostrado su voluntad de acogerse a la legalidad y que sólo debe declarárseles ilegales a partir de actuaciones futuras, y no de hechos que pudieran haber ocurrido en tiempos de clandestinidad. Como abogados, la LCR ha designado a Pablo Castellano, Juan José Llisterri y María Concepción de la Peña.

Por otra parte, el Partido Comunista de España (PCE) se personó ayer ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, a través del abogado Marcial Fernández Montes y el procurador Cristóbal Bonilla, según informa Europa Press. En cuanto a la legalización del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), la defensa será llevada por el despacho de abogados del profesor Jiménez de Parga.