Los trabajadores de la Leyland no quieren dialogar con su sindicato

Los trabajadores de distintas secciones de la empresa British Leyland, que llevan en huelga prácticamente desde el verano pasado, se negaron ayer a dialogar con los representantes de su sindicato, que les aconsejan la vuelta a las factorías. El desacuerdo entre trabajadores y líderes sindicales se produjo en la principal factoría de la Leyland, la de Longbridge, en Birminghan. Ha sido el último esfuerzo sindical para resolver una disputa que le ha costado a la Leyland, en lo que va de año 150 millones de libras y podría costarle aún diecisiete millones más cada día si el conflicto persiste. En este momento, 33.000 trabajadores de diversas factorías de la Leyland -que está bajo control estatal- se han unido a la huelga.

La cuestión política que le plantea al Gobierno esta huelga proviene del propio significado de las demandas de los huelguistas, que piden aumentos salariales ajenos a los que se inscriben en el «contrato social», según el cual no puede haber subidas de sueldos de más de un 4 o 5%.La presente crisis se produce cuando el Gobierno pretende de los sindicatos un acuerdo salarial similar al que ahora está en vigor. Hasta ahora, la Administración no ha querido mezclarse en las negociaciones que se intentan llevar a cabo en Leyland, pero aún a riesgo de enfrentarse con los enlaces sindicales ya no le quedará más remedio que tratar de «rescatar» la empresa. Esta es la disputa sindical más grave de todas las que se han producido desde que el laborismo está en el poder. La falta de interés que tienen los trabajadores en la discusión de un compromiso «político» Ia ilustra eI hecho de que, además de la negativa de los huelguistas a dialogar con sus líderes sindicales, otro intento de los diputados laboristas ajenos al Gobierno para mediar en el conflicto fue rechazado por los trabajadores.

Antes de que el Gobierno tenga que intervenir directamente, la entidad que agrupa a las industrias nacionalizadas británicas estimará si, en efecto, será preciso cambiar el rumbo de los proyectos de Leyland.

El peligro que pesa sobre Leyland reside en las disponibilidades económicas que tiene el Gobierno para subsidiar a las compañías nacionalizadas. Las inversiones estatales de este carácter han de ser aprobadas por el Parlamento, en el que ahora el Gobierno está en minoría y en el que los conservadores ya se han manifestado contra los subsidios a una empresa que no cumple con la tasa de productividad. Si la tesis de la oposición prospera, sería la entidad que agrupa a las empresas nacionalizadas (National Enterprise Board) la que se haría cargo de la financiación de Leyland.