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"La censura gubernativa de la correspondencia es una práctica habitual"

Ángel S. Harguindey

La violación de correspondencia epistolar, denunciada en dos provincias, Lugo y Badajoz, adquiere una mayor relevancia en el panorama español, puesto que los comunicados y declaraciones contradictoria se suceden en breve espacio de tiempo.

«En relación con algunas informaciones sobre violación de la correspondencia, puede informarse que ello es totalmente inexacto -señala el director general de Correos, Ignacio Acha, en una nota facilitada a EL PAIS. En la actualidad, únicamente se lleva a cabo, en algunas ocasiones, un control de los objetos que circulan por correo para evitar que entre ellos estén los denominados «objetos prohibidos», como estupefacientes, explosivos, billetes de banco, materias inflamables, objetos inmorales, etcétera. Este control -añade la nota- que se lleva a cabo en todos los países del mundo, se efectúa de conformidad con lo previsto en la vigente Ordenanza Postal de 19 de mayo de 1960, Reglamento de los Servicios de Correos de 14 de mayo de 1964 y acuerdo de la Unión Postal Universal (UPU) de Tokio de 1969 y Laussanne de 1974.»Sin embargo, en esta cuestión existe una confusión de origen, puesto que lo que se denunció en Badajoz, por parte de un grupo de funcionarios de Correos, es una supuesta intervención e inspección de correspondencia por parte de la policía, es decir, funcionarios ajenos al Cuerpo de Correos y empleando para ello una serie de objetos y utensilios, presuntamente utilizados para la producción de vapor a través de una delgada espita para abrir cartas, utensilios infrecuentes en la búsqueda de explosivos o materiales inflamables.

La Junta Provincial de Representantes de Correos y Telégrafos de Madrid facilitó un comunicado dirigido a sus compañeros y a la opinión pública en el que señalan que: «La prensa nacional se hace eco estos días en amplios reportajes sobre la violación de la correspondencia en la principal de Lugo.»

«De todos los que trabajamos en este servicio público es conocido que la censura gubernativa de la correspondencia es o ha sido una práctica habitual, por lo menos hasta hace tres días, coincidiendo con la aparición de las denuncias en la prensa, en nuestros servicios, realizada de una forma más o menos solapada. En el camino hacia una normalidad democrática, el derecho humano al secreto e inviolabilidad de la correspondencia, el derecho a la intimidad de la persona, reconocido por la Carta de los Derechos Humanos, deben ser rigurosamente protegidos y más cuando el Fuero de los Españoles en su artículo trece dice: "Dentro del territorio nacional, el Estado garantiza la libertad y el secreto de la correspondencia."»

«Asimismo nuestra Ordenanza Postal en sus artículos catorce y quince -añade la nota- y el Reglamento de Servicios, artículos veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta "garantiza la libertad, el secreto y la inviolabilidad de la correspondencia, base de la función pública de lo que les está encomendada".»

«En esta Administración Provincial, tanto en los negociados de buzones como en otros de clasificación de cartería, se retira correspondencia a determinados destinatarios, correspondencia que es enviada a la central, donde es manipulada por personal ajeno al Cuerpo de Correos. Estas prácticas se realizan igualmente en los servicios postales del aeropuerto de Barajas.»

«La junta de representantes de Correos y Telégrafos de Madrid -concluye la nota- denuncia estas prácticas que lesionan el bien ganado prestigio profesional de todo este colectivo, y exigen su final inmediato, salvaguardando así los derechos inalienables de los destinatarios del correo, todos los ciudadanos.»

«Al mismo tiempo la junta provincial hace un llamamiento a todos los compañeros para que a partir, de ahora se denuncien todos los casos de violación de correspondencia».

Investigaciones en marcha

Puestos al habla con la Dirección General de Seguridad sobre este asunto, el señor Pastor, del gabinete del director general, declaró a EL PAIS que «está en proceso de investigaciones correspondientes. Quizá en su momento oportuno las dos direcciones generales, la de Seguridad y Correos, faciliten una nota sobre el tema. Le puedo decir que, de momento, no hay nada en concreto».Por su parte el subdirector general de Correos, Ernesto Brunet, en unas declaraciones concedidas al programa España a las 8 de Radio Nacional, comentó entre otras cosas, que «efectivamente unas veces hay que hacerlo (se refiere al hecho de abrir las cartas) a requerimiento de la autoridad judicial y otras como comprobación de carácter reglamentario. En cuanto un funcionario de Correos sospecha de alguna clase de objeto lo pone en conocimiento de sus superiores para tornar las medidas oportunas. El control sobre el correo es algo normal y rutinario en todas las épocas».

Sin embargo, lo que los representantes provinciales de Madrid denuncian es el hecho de que la correspondencia epistolar se viola por parte de funcionarios ajenos al Cuerpo de Correos y sin la presencia habitual del destinatario, lo que está reglamentado.

Más de mil personas

En Madrid, en las oficinas centrales, concretamente en la planta séptima, se controlan unas cuatro sacas diarias de correspondencia, sacas que se subían hasta hace poco por el ascensor de la puerta «S» y que en la actualidad se realiza por el de la puerta «L». En dicha planta se puso, desde hace tres días -es decir, tras las informaciones sobre la violación de correspondencia en Lugo- un cartel con la siguiente inscripción: «UPU, Objetos prohibidos». En fuentes solventes se comunicó a EL PAIS que las listas con la relación de destinatarios de los que se debe apartar la correspondencia para su posterior control, se envían a las oficinas de los distritos postales en papeles blancos, sin membrete ni sello alguno. Podernos afirmar, por ejemplo, que después de la rueda de prensa clandestina de Santiago Carrillo, el 10 de diciembre de 1976, la oficina del distrito de Vallecas recibió la notificación de que se apartara toda la correspondencia que recibiera Santiago Carrillo o cualquiera de sus familiares. Las mismas fuentes indican que en estos momentos existen, cuando menos, más de mil nombres -la mayoría políticos de la Oposición democrática- a los que se les vigila y controla la correspondencia.EL PAIS ha podido saber también que el próximo domingo se reunirá la Junta Provincial de Representantes de Correos y Telégrafos para estudiar, entre otros temas, éste de las violaciones de la correspondencia epistolar.

Por otra parte, y como publicaba EL PAIS en su edición de ayer, viernes, España ha ratificado numerosas declaraciones y convenciones internacionales en las que se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia Entre ellas cabe citarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana, relativa a los derechos del hombre y el ya mencionado Fuero de los Españoles.

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