Dimensiones política y sindical
La reforma de cualquier parcela importante de la vida social, y la Seguridad Social lo es por el volumen de recursos que maneja, por las 250.000 personas que emplea y por los 31 millones de españoles a que llega, para ser una reforma seria, debe ser, ante todo, una reforma congruente con las demandas de las capas sociales a las que la reforma afecte, y, además, una reforma congruente con el marco político que en el futuro va a regir la vida política del país.En las actuales circunstancias de la vida española, quienes tienen la responsabilidad gubernamental de una parte del poder, por importante que sea, deben tener presente que forman parte de un Gobierno, que por estar gobernando la transición del franquismo a la pre-democracia, es un Gobierno gestor. Tal calificación comporta que el Gobierno Suárez no debe olvidar que tiene que cambiar cuanto sea obstáculo insalvable para el establecimiento de la democracia pluralista y burguesa que dice querer establecer, pero nada más. A un Gobierno gestor del presente, por importante que sea ese presente, no puede admitírsele veleidades de futuro, pues el futuro no se sabe aún de quien es.
Rebasar el límite de los cambios necesarios e ineludibles, y entrar en el área de lo que corresponde cambiar a quienes ganen las próximas elecciones generales, es hipotecar el futuro trabajo político del Gobierno que tengamos a partir de julio, y, por supuesto, condicionar el trabajo legislativo del Congreso de Diputados y del Senado.
La Seguridad Social pertenece a las parcelas necesitadas de reforma, pero no de una reforma parcial, por racional que sea al suprimir múltiples organismos, sino de una reforma total en la que, además de la gestión, que habrá que reestructurarla a fondo para simplificarla y para democratizarla haciéndola transparente, habrá que reformar el marco de la acción protectora de la Seguridad Social tanto en cuanto a las personas protegidas, que deben ser todos los españoles, como en cuanto a la capacidad económica de las prestaciones, que deben ser suficientes.
Por supuesto que habrá que tocar la financiación. Reformar el sistema financiero de la Seguridad Social pasa por una necesaria reforma fiscal que permita que el Estado sea el principal financiador del sistema. Ello comporta transformar la propia base de nuestra actual Seguridad Social que, de ser un sistema basado en las cotizaciones profesionales de empresarios y trabajadores, debe: pasar a ser, al modo anglosajón, un sistema basado en la financiación presupuestaria.
Intentar en estos momentos reformar sólo una parte del sistema de la Seguridad Social, la gestión, sería incurrir en los mismos defectos de reformas parciales realizadas en 1963 (reforma Romeo Gorría) y en 1972 (reforma Licinio de la Fuente). En 1963 se normalizó la Seguridad Social española, se creó el sistema previamente inexistente, se pasó de los fragmentarios seguros sociales a la Seguridad Social global, pero ni se hizo la necesaria reforma fiscal, ni se simplificó la gestión, con la excepción de la desaparición de las compañías privadas aseguradoras del riesgo de accidentes de trabajo.
En 1972 se puso especial énfasis en la mejora de las prestaciones, y para ello se reordenó la financiación de la Seguridad Social, a base de caminar hacia la progresiva cotización sobre los salarios reales, para poder mejorar prestaciones y servicios. La reforma de 1972 ha tenido, además de claras consecuencias inflacionistas, el negativo efecto de inhibir el empleo de una mano de obra, que cada vez era más cara, porque las cuotas de la Seguridad Social subían, aunque con frenazos.
No basta que una reforma parcial sea racional para que deba ir adelante. La racionalidad intrínseca a la simplificación del aparato burocrático de la Seguridad Social, aun siendo necesaria, no es valor absoluto y pierde sentido si se tiene en cuenta que una reforma parcial, en cuanto que olvida la reforma del todo, es una clara opción política.
O mucho me equivoco, o tras la pretendida reforma de la gestión de la Seguridad Social hay toda una filosofía política, en virtud de la cual, la Seguridad Social que, con sus continuos aumentos de cuotas, habría puesto en tela de juicio la continuidad del sistema neocapitalista, tendería a plegarse a un valor que para los reformistas es superior, la propia continuidad del sistema económico neocapitalista.
De ser cierta esta hipótesis, nos encontraríamos con que la reforma de la Seguridad Social no pretendería sólo la mejora de la gestión, sino también la no realización de la reforma en profundidad que el país está pidiendo a voces.
Ante esta situación y ante el riesgo de reformar una parte para que todo siga igual, creo que debe quedar claro que ha pasado la hora de las reformas parciales, por honesta que sea personalmente la intención de sus promotores. La reforma de la Seguridad Social, hoy y aquí, entre los españoles de 1977, es un tema macropolítico, un tema que no puede desconectarse de la dinámica política y sindical del país, y, por tanto, es un tema para el primer Gobierno democrático.
