La Oposición pide el procesamiento de cuantos incitan al crimen en nuestro país

Los líderes de la Oposición democrática, reunidos en el despacho de Joaquín Ruiz-Giménez, han difundido un comunicado, ayer noche, en el que «conscientes de la suma gravedad del momento y de su deber apelan al sentido cívico de las fuerzas políticas y sociales de todos los pueblos de España, a fin de que se evite cualquier clase de acciones en la calle que puedan servir de pretexto a los grupos terroristas que quieren impedir el cambio democrático ».El comunicado está firmado por José María de Areilza, del Partido Popular; Enrique Barón, de la Federación de Partidos Socialistas; Marcelino Camacho, de Comisiones Obreras; Santiago Carrillo, del Partido Comunista de España; Francisco Fernández-Ordóñez, de la Federación Socialdemócrata; José María Gil-Robles y Quiñones, de la Federación Popular Democrática; Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español; Julio Jáuregui, del Partido Nacionalista Vasco; Valentín Paz Andrade, representante gallego; Nicolás Redondo, de UGT; Joaquín Ruiz-Giménez, de Izquierda Democrática; Joaquín Satrústegui, por los liberales; Enrique Tierno Galván, del Partido Socialista Popular, y José María Zufiaur, de Unión Sindical Obrera (USO).

El comunicado, facilitado al término de una reunión de cuatro horas y media de duración, dice entre otras cosas:

«Ante los actos de violencia ocurridos en los últimos días en la capital de España que todo demócrata rechaza y que parecen consecuencia de un plan deliberadamente proyectado para interrumpir el proceso hacia la normalidad democrática, los diri gentes de partidos políticos y de organizaciones sindicales que firman el presente documento se dirigen a la opinión pública y denuncian la ola de terror desencadenada por quienes pretenden una involución política que frustre los deseos de libertad manifestados por el país en tantas ocasiones.

Reclaman del Gobierno la urgente adopción de las medidas necesarias para desarticular los grupos terroristas que han venido actuando impunemente hasta culminar en los vandálicos actos que se denuncian. Para lograr esto es imprescindible la inmediata expulsión del territorio nacional de súbditos de otros países, profesionales del terrorismo político; la investigación del origen de los fondos necesarios para que se mantengan y proliferen esos grupos terroristas; y el procesamiento de cuantos están incitando al desorden y al crimen en nuestro país.

Asimismo consideran necesario que los responsables del orden público terminen con los excesos represivos que contribuyen a la escalada de la violencia o producen víctimas como en el caso de María Luz Nájera.

Por último, los firmantes estiman indispensable que se aceleren y concluyan positivamente las negociaciones entre el Gobierno y las fuerzas democráticas a fin de que se restablezca el clima de serenidad necesario para el ejercicio de las libertades y la consecución de la democracia.»