Montejurra 76 ¿Hay más culpables?

El desaparecido TOP ha cerrado el asunto Montejurra. Los tres procesados principales: José Luis Marín García-Verde (el «hombre de la gabardina»), José Arturo Márquez de Prado,y Francisco Carreras García Mauriño se encuentran en la calle, en libertad provisional. «La operación reconquista». como llamó la extrema derecha a ese trágico día nublado del mayo pasado. donde murieron dos personas, permanece todavía`oculta en muchos puntos esenciales para el gran público.El día 10 de enero G abriel Zubiaga Imaz. procuradoren Cortesy miembro del Partido Carlista, podía, por Fin -su petición fue hecha el 26 de mayo- lanzar en la Cámara española su interpelación sobre los trágicos hechos del Montejurra pasado:«El Gobierno tenía completa inffirmación de lo que se preparaba... En España. el Gobíerno no es responsable de sus'actos. ni ante laCámara ni tan siquiera ante la opinión pública, que tan nula participación ha tenído en su nombramiento y fiscalización. Ello es gravísimo y requiere una consustancial mutación».Por declaraciones de los empleados del hotel de Irache se supo de la existencia de numerosas comunicaciones telefónicas entre José Arturo Márquez de Prado y los gobernadores civiles de las provincias limítrofes a Navarra, Logroño y Alava en especial. El gobernador civil de Logroño. hoy destituido, fue, en opinión de la comisión investigadora del Partido Carlista. quizá el más activo. Reunió a los alcaldes y les habló de la necesidad de organizar viajes en autocar a Montejurra con gente para la «reconquista». ofreciendo viajes gratis, dietas y bolsas de comida: la existencia de dos importantes cuentas corrientes destinadas a correr con los gastos de la operación Montejurra. Así. en Vitoria h,abía una cuenta de cinco millones de pesetas destinada para gastos de desplazamiento «de Falange Española y de las JONS». En Logroño, la cuenta era de siete millones de pesetas. En poder del equipo jurídico de la comisión investigadora hay algunas cartas enviadas por el gobernador civil de Logroño y otra provincia (Navarra-Alava) a varios alcaldes que hablan de los gastos de autobuses, dietas y comidas. Dichas dietas oscilan. según el grado de compromiso, entre las quinientas y 2.000 pesetas.

El mismo gobernador de Navarra facilitó protección de la Guardia Civil a Sixto y su séquito. haciendo oídos sordos a las denunciasdel presidente de la Hermandaddel Vía Crucis y aljefe regional del. Partido Carlista, sobre la presencia de individuos armados en la cumbre: «Cumplo órdenes de Supermanuel Fraga», fue su contestación. Al parecer, Fraga había llegado a un acuerdo de protección a la Operación Reconquista, retirándose al final ante el cariz que estaban tomando los actos ante la escasa afluencia de «reconquistadores», según declaró un miembro de la comisión investigadora a «Opinión».

El periódico El Pensamiento Navarro alentaba la operación, y el gobernador de Navarra, el de Logroño. el de Zaragoza, el de Santander y alguno más participaban en la campaña. Hombres fraguistas todos ellos, respondían a lo que dicen que les pidió el entonces ministro del Interior; « Facilitarme la campaña de Montejurra».

Para el Partido Carlista: «Es inconcebible pensar cómo un asunto como el de Montejurra se puede realizar a espaldas de Gobernación. Lo sabían. y así se desmuestra la participación en el asunto del Gobierno Arias, y concretamentede Fraga. Era el primer año de la Monarquía. que tenía dos cuñas: el País Vasco y el Partido Carlista. Lo de Fraga es la actitud de una persona que actúa irreflexiva mente. él no sabía lo que era el carlismo, y quería ofrecer al Rey una gran baza política: con la derecha servir a Juan Carlos y con la izquierda quemarte a Sixto. Sin embargo, el plan fracasó, se encontraron con una verdadera desorganización. El asunto se les fue de las manos», declaraban los miembros de la comisión investigadora.

Fraga, en persona, daría la orden de expulsión de Sixto Enrique de Borbón, cuando ya eljuez especial de Este a habta ordenado su detención, produciéndose un flagrante caso de interferencia del poder ejecutivo en el judicial.

La «Operación Reconquisfa» estaba financiada..por la UNE (Unión Nacional Española), por los gobernadores fraguistas y por una aportación importante de Valero Bermejo, asegura la comisión.