Debate "por las ramas"

La Comisión de Leyes Fundamentales y Presidencia del Gobierno de las Cortes no aprobó ayer ningún nuevo texto del proyecto de ley que regula el derecho de asociación sindical. La sesión ofreció una muestra de la lucha entre los partidarios de la reforma impulsada por el Gobierno y los nostálgicos del régimen franquista y de la organización sindical vertical.La sesión se inició con la intervención de Melitino García, en nombre de la ponencia, para ofrecer una propuesta de texto para el resto pendiente del artículo primero del proyecto de ley, en la que hacía suya la enmienda in voce presentada el día anterior por el señor Castro Villalba, tendente a paliar el efecto producido por la aprobación del número uno del artículo. La ponencia estimó válido y útil que sean los empresarios y trabajadores que se asocien los que determinen libremente lo que entienden por rama de actividad.

Otros apartados del texto propuesto se refieren a la autonomía de las asociaciones entre sí y respecto de la Administración Pública, y a los requisitos mínimos que contendrán las normas. estatutarias.

Sobre este texto se polarizó el debate legislativo, si bien algunos procuradores, con la tolerancia de la presidencia, hicieron incursiones hacia otros temas políticos o replantearon la conveniencia del proyecto de ley. La rigidez que el señor López Bravo había aplicado a la defensa de la enmienda a la totalidad -durante la que sí eran lógicas consideraciones políticas generales- brilló por su ausencia en la tarde de ayer.

El señor Madrid del Cacho negó ser continuista, con el argumento de que es jurista y nunca había aceptado un cargo digital.

La señorita Mónica Plaza atacó de injerencia a la OIT y aseguró que oir hablar tanto de ella le repateaba. El señor Fugardo mostró su asombro, ante las verónicas que se meten por detrás de los artículos ya aprobados.

El señor Martín Sanz, en una larguísima intervención, ayudado de una pizarra, obtuvo la conclusión de las bondades del sindicalismo todavía vigente y su contribución al desarrollo. Aseguró que molesta al capitalismo y a las multinacionales, aliados de quienes ahora desean acabar con el sindicalismo de rama.

Resultó normal que el señor Sancho Rof advirtiera que el debate se estaba yendo por las ramas y que el señor Fernández Sordo recordara que no se discutía entre partidarios y contrarios del sindicalismo de rama, sino sobre el carácter voluntario u obligatorio del mismo.

La intervención de Fernando Suárez, que impresionó por su brillantez, actuó como una carga de profundidad política que impidió el desarrollo normal del debate, tocado por el impacto de sus palabras.

En resumen, rechazó que la interpretación dada por él a la Declaración XIII del Fuero del Trabajo en 1970 pueda dar cobijo al proyecto de ley. Si, en cambio, la reforma política ha derogado tal Declaración, debería aprovecharse tal coyuntura para hacer una reforma sindical más audaz, aunque el señor Suárez dudó si tal reforma no correspondería hacerla a las nuevas Cortes, o en último caso -si se trata de dar entrada a las fuerzas sindicales-, el Gobierno por decreto-ley. Pero nunca mediante una ley incompatible con la subsistencia de los sindicatos actuales, la estructura sindical y la propia figura del ministro de Relaciones Sindicales.

Fernando Suárez mostró su respeto hacla quienes continúan defendiendo posicionel de las que ya había discrepado en 1970, y renuncip,en cambio, a reproducir el diario de sesiones para evitar sonrojos que a nada conducirían.

Los procuradores más identificados con la línea de mando de Ia Organización Sindical, intentaron neutralizar el efecto de las palabras de Fernando Suárez admitiendo su validez pero manteniendo la conveniencia de continuar el debate y aprobar el proyecto de ley. Así lo hicieron Iglesias Selgas, Márquez y Zapico, entre otros.