Los tribunales eclesiásticos renuncian a sus honorarios

A partir del próximo año, los tribunales eclesiásticos no cobrarán los ingresos correspondientes a las costas judiciales. Según comunicó ayer el vicario general de la Archidiócesis de Madrid, en una conferencia de prensa convocada en el Arzobispado, el cardenal Tarancón está redactando ya el decreto en el que se expresa la voluntaria renuncia de los tribunales a percibir el importe de los costes judiciales reconocidos por la legislación canónica y que varían, según los casos, desde 20.000 pesetas en los de separación más sencillos, a 60.000 en los procedimientos plenarios de nulidad.

Como consecuencia del decreto, la Archidiócesis dejará de ingresar una cantidad que asciende a los quince millones anuales. Las autoridades eclesiásticas confían que las donaciones de los fieles y de los clientes de los tribunales cubran los gastos de la curia de justicia en la que trabajan 56 personas, 35 sacerdotes y veintiún laicos, distribuidos en ocho tribunales.La actividad desarrollada por los tribunales eclesiásticos, según reflejan las estadísticas procedentes de la curia. se ha incrementado en estos años en un porcentaje superior al experimentado por el número de demandas presentadas. Mientras en el 73 se resolvieron 395 de un total de 771 (240 más que en el 72). en el 75 salieron 1.332 más de las presentadas ese mismo año, 1.183.

No será gratis

La decisión de suprimir los costes judiciales no va a representar. sin embargo, la gratuidad de los procesos de separación y nulidad. En el decreto que está a punto de aparecer se hace constar que los derechos de los procuradores y abogados serán respetados, y como se sabe, son los honorarios de estos lo que encarece el proceso, a veces hasta cantidades claramente abusivas.

Puede decirse que el objetivo de esta medida responde a los nuevos criterios de política pastoral, como los seguidos al suprimir los aranceles por la administración de los sacramentos en las parroquias. Se trata, además, de salvar la imagen de los tribunales eclesiásticos de la corruptela que se da en algunos de los procesos de separación y nulidad, denunciada desde diferentes niveles, para que «en ningún caso se pueda decir que conseguir la separación o nulidad es sólo cuestión de dinero», como dijo el vicario.

Conseguir la aceleración de los procesos de separación y nulidad es otra de las cuestiones que las autoridades de la diócesis se plantean y para conseguirlo se ha solicitado a la Santa Sede permiso para crear un tribunal de apelación propio.. La. creación de este tribunal agilizará los trámites del proceso ya que las causas apeladas -todas las de nulidad y las de separación en las que una de las partes ha interpuesto recurso -ya no tendrán que pasar por La Rota. Parece ser que el Vaticano está dispuesto a dar el visto bueno al proyecto.

Hasta el momento la duración media de los procesos es de dos años; desde cinco o seis meses en los casos más sencillos hasta varios años, si las cosas se complican. Las causas que se celebran gratuitamente suelen prolongarse más por la necesidad de hacer un expediente que pruebe la pobreza de los cónyugues, certificando que sus ingresos no superan las 20.000 pesetas mensuales.

Sobre las acusaciones que se han lanzado sobre los tribunales eclesiásticos de ser cómplices o encubridores de los fabulosos negocios que hacen algunos abogados que expolian a sus clientes, el señor vicario apuntó que los tribunales no son responsables de las imputaciones que en ese sentido han recibido.

Explicó que los tribunales están capacitados y tienen la obligación de ejercer su tutela sobre las partes. Cuando un cliente denuncia que su abogado le exige pagar una minuta excesiva, el tribunal actúa en consecuencia y defiende sus derechos, pero no puede hacer nada sí el cliente no efectúa una denuncia y éste -por ignorancia u otra causa- no suele recurrir a ella.

Lo cierto es que, aunque las tasas fijadas por los tribunales para los abogados no superan en ningún caso las 65.000 pesetas, algunos profesionales hacen pagar honorarios mucho más altos. La única manera factible de acabar con esta picaresca que gira alrededor de los tribunales sería que los abogados formaran parte de la curia de justicia. pero este proyecto es de momento inviable.

La noticia de la supresión de los costes judiciales en las causas matrimoniales ha sido acogida con frialdad y bastante escepticismo por los sectores más avanzados de la Iglesia. Consideran éstos que la medida es un parche puesto a destiempo que sólo la legalización del divorcio pueda dar la solución que la sociedad actual está pidiendo con urgencia.