El Gobierno decidirá sobre precios y protección del sector oleícola

En la pasada reunión del Consejo General del FORPA fueron aprobados los objetivos y criterios generales a los que se estima que deben adecuarse la regulación de las próximas campañas oleícolas y de grasas vegetales y los mecanismos reguladores que permitan obtener los objetivos señalados.

Los criterios generales a los que se estima que deben adecuarse la regulación de las próximas campañas según los acuerdos adoptados fueron:-Que el producto competitivo reciba un precio adecuado para poder mantener los niveles de producción que se estimen necesarios para el abastecimiento nacional.

- Que el consumidor esté permanentemente abastecido de diversidad de aceites de calidad garantizada y precio estable.

-Que la carga que la consecución de los objetivos señalados suponga para el erario público, se reduzca progresivamente.

Los acuerdos adoptados sobre los mecanismos reguladores hacen referencia a la constitución de stocks que estén en manos de la Administración; suspensión gradual de subvenciones que permitan la competencia en el mercado de los distintos aceites en función de su calidad y precio, sin que los mercados sean distorsionados por las siabvenciones, y el fomento del consumo interior y de la exportación del aceite de oliva como grasa de origen nacional, así como el fomento de la producción y consumo del aceite de girasol.

A lo largo de la reunión, el tema de los precios de los aceites vegetales, fue el que mereció un más prolongado debate.Los puntos que se esgrimie-. ron, tanto a favor como en cbntra, giraron en torno a la incidencia que en la capacidad adquisitiva de los consumidores tendría cualquier variación al alza en los precios de los aceites de oliva, girasol, soja y restantes semillas, así como la posibilidad de que se desviase el consumo de los aceites de producción nacional, a los de producción extranjera de inferior precio.

Se argumentó la necesidad de mantener unos precios que hiciesen posible el m-antenimiento de las explotaciones de los olivareros nacionales y el abono de los salarios que el obrero agrario solicita.

De la misma manera se consideraron los problemas que plantea el financiar los stocks actualmente existentes de aceites de oliva.

Al finalizar el debate no hubo posibilidad de llegar a una ún Ica propuesta, ya que partiendo del precio al que la Administración lo adquirió en 1976 de 75 pesetas, se proponían para el presente ejercicio precios q"ue variaron en las posturas inicialmente mantenidas entre 78 a a7 pesetas.

La protección de la producción y el consumo de grasas nacionales de aceites de oliva y girasol, frente al haba de soja importada para la elaboración de piensos con destino a nuestra ganadería, motivó igualmente discrepancias.