Nace la Asociación Española contra la Pena de Muerte

El caso Gilmore ha vuelto a traer a la actualidad el tema de la pena de muerte. La conducta soberana o desesperada del condenado norteamericano, es capaz de plantear de un modo desgarrado, escalofriante, no sólo el problema de la pervivencia de esta forma de defensa social que es la pena de muerte, sino otros laterales: el derecho sobre la propia vida, el concepto mismo de delito y castigo, lo que relaciona esperanza e instinto de conservación, la desesperación como revulsivo y como coartada... Y más.En España, donde no han faltado ocasiones que sensibilizaran a la sociedad sobre este tema, está en trámites una Asociación para la Ilegitimidad de la Pena de Muerte. Entre los miembros de la primera comisión gestora para la constitución de esta sociedad hay nombres tan prestigiosos como el de su presidente, Ramón Carande, catedrático de Economía Política y Hacienda Pública, académico y ex consejero de Estado en la segunda república española. Su secretaria general es María Asunción Milá de Salinas, que tiene tras de sí un largo curriculum de lucha contra la pena de muerte. Entre los colaboradores Y vocales están los penalistas Angel Torío y Beristain, el antropólogo Julio Caro Baroja, los teólogos y moralistas obispos Iniesta y Palenzuela, los abades de Monserrat y Poblet y otras personalidades rela cionadás con el tema. En esta futura sociedad, que persigue la ilegitimidad y no la simple abolición de la muerte como castigo, se pretende tratar el tema de modo exhaustivo y desde todos los puntos de vista posible. Por una parte, se establecen estudios teológicos, dirigidos a que tanto el Vaticano como el Consejo Ecuménico de las Iglesias, se pronuncien taxativamente sobre la ilegitimidad, sancionada socialmente o no, de quitar la vida a un ser humano. Por otra parte, los estudios políticos, legales, sociológicos y sicológicos, tenderían a que la ONU y demás órganos consultivos internacionales, le manifestaran expresamente en -igual sentido.

Pese a estas dos direcciones, una de las cuales sería eminentemente religiosa,, la sociedad se considera aconfesional, a nivel de religión o partido, y abierta «a todos aquellos que mantengan, como principio el respeto a la vida, por encima de cualquier ideología y como base y fundamento de la convivencia humana.

En el primer documento, semipúblico hasta ahora, de esta sociedad en ciernes, se advierte, ya, que sus ambiciones llegan hasta el romper definitivamente «la legitimación histórica y aberrante de la pena de muerte», toda vez que «una parte de la sociedad, la más cualificada, ha descubierto ya, junto a su ineficacia, los terribles peligros que encierra». Y añade: «Ya no hay una seguridad que la determine como bien común»,, para concluir que, «la legitimación ya no es lícita».

la diferencia entre abolición e ilegitimidad, a nivel de objetivos -dicen- está en que la abolición aparece como transitoria, mientras, conseguida la conciencia de su ilegitimidad, y la declaración expresa en este sentido de ciertos organismos que figuran como autoridades morales, es de esperar que la desaparición de este castigo sea fácil y definitiva.

En cuanto a los medios, el fundamental sería el de la elaboración de estudios a todos los niveles, que darían base a un trabajo de divulgación del tema y de creación de una nueva conciencia «a la que repugne la idea de que un hombre muera a manos de otro, y más si es legalmente». No desdeñan sin embargo, otras formas de acción no violenta. En este sentido irían, por un lado, las encuestas realizadas entre una serie de profesionales en torno al tema, y por otra, los telegramas enviados a los presidentes francés y norteamericano, en petición de gracia para los dos condenados franceses en espera de confirmación, para el propio Gary Gilmore. En los dos telegramas se advierte que «cada vez que un hombre muere a manos de otro hombre, es la humanidad entera la que está de luto».

La sociedad ajusticia por miedo

Sobre el tema de la ilicitud de la pena de muerte, María Asunción Milá, secretaria general de la asociación, manifestó a EL PAIS: «No nos dedicamos sólo a luchar por la abolición, que es una cuestión política, y por tanto, sujeta a los cambios y a los intereses. Ni sólo nos referimos a España. Lo nuestro es infinitamente más ambicioso: pretendemos que en el mundo no haya nunca más una ejecución.»«La pena de muerte es ilícita, desde el punto de vista filosófico y teológico. Y además, es perjudicial y contraproducente, las estadísticas demuestran que los índices de criminalidad suelen bajar cuando se suprime la pena capital. De hecho más que contener el crimen, mete a la sociedad en una dinámica de violencia que genera más violencia."

La sociedad no hace justicia

"Si llegamos a conseguir que se considere ilícita la pena tendrá qué entrar en cuestión todo el sistema penitenciario, públicamente. Tenemos que pensar que si se puede llegar a matar un hombre, qué no se le podrá hacer antes... Nuestra sociedad no hace justicia. Es cruel el sentido actual de justicia. Se trata al delincuente como un ser abyecto y no como un hombre capaz de rehabilitación. Nosotros planteamos la rehabilitación frente a la negación policial del hombre. Piensa que la pena de muerte es la negación absoluta de las posibilidades de rehabilitación del delincuente. El nuestro es un camino abierto a la esperanza. Por eso no podemos admitir las conmutaciones de pena por cadena perpetua: sin una esperanza de vuelta al mundo, el condenado no tiene posibilidades de cambio.Respecto al caso Gilmore, María Asunción Milá dijo: «Este caso pone directamente en cuestión el sistema penal entero. Algo tan terrible que coloca a un hombre en la desesperación de preferir su propia muerte.

Esta es una sociedad que no rehabilita a los transgresores de sus leyes. Y que sólo los ajusticia por miedo.»