Críticas a la reforma de la ley del Suelo

Con una mesa redonda terminó el miércoles el ciclo de conferencias que el Colegio de Arquitectos de Madrid ha dedicado al análisis de la reforma de la ley del Suelo. Se hicieron preguntas concretas sobre algunos aspectos importantes de la ley. Las intervenciones fueron las siguientes:El sociólogo y urbanista Mario Gaviria contestó a la cuestión de cómo se podría conseguir una mayor participación de los ciudadanos en el proceso urbanístico, matizando que la ley no contempla esta participación como algo fundamental. «Lo ideal sería -continuó- que los ciudadanos participaran en el proceso, desde el momento de fijar los objetivos del urbanismo, pero no se crea que porque en España se instaure una democracia formal se va a evitar la especulación. A lo sumo se conseguirá un mayor control sobre los casos de corrupción que se dan ahora. Las fuerzas económicas reales seguirán imponiéndose, a no ser que los cambios sean también de orden económico y social. Hasta ahora las asociaciones de vecinos se han revelado como el medio más idóneo, pero no es seguro que en una situación estable políticamente continúen siéndolo. Por el proceso lógico de selección de líderes, las asociaciones podrían estar dirigidas por los partidos políticos, y el pueblo en su totalidad seguiría sin participar. Es imprescindible que todo el proceso urbanístico se someta a la aprobación de todo el vecindario organizado en asambleas.»

«Por otra parte, el deterioro de las grandes ciudades es ya casi irreversible. La única solución sería bloquear el crecimiento y reorganizarlo a nivel nacional.»

Eduardo Leira calificó la ley como «monopolista», ya que permite la acción de los grandes promotores, apoyados por el Estado. «Si el modelo económico actual permanece, esta tendencia no hará más que reforzarse. Aparte que ni los mismos presupuestos de la ley es seguro que se vayan a cumplir. Por ejemplo, el retraso en la confección de los planes directivos favorece las actuaciones particulares.»

Medios

Francisco Perales estimó que no se prevé la obligatoriedad de dotar a los organismos municipales de medios que aseguren la ejecución correcta de los planes generales, al margen de que sean buenos o malos. La ley prevé que un tanto por ciento del terreno se cederá a los ayuntamientos, lo que les permitirá hacerse con un patrimonio de suelo, pero nada más.Luis Martín, en cambio, consideró que la ley no es buena o mala en sí, y que todo depende de cómo se utilicen los mecanismos de redacción y ejecución de los planes. La nueva figura urbanística de suelo urbanizable no programado no cuenta aún con experiencias prácticas, por lo que no se le puede hacer una crítica tan fuerte de antemano.

El señor Fernández Cavada habló sobre el hecho de que la función de los organismos superiores no se mencionen en la ley. Sería necesario que en sus presupuestos se consignaran previamente unas cantidades para realizar la infraestructura de los planes. Pero la idea choca con la actual autonomía ministerial, muy reacia a comprometerse de antemano.

Por último, García de Enterría habló sobre la poca eficacia que tendrán las mancomunidades de municipios, calificados como «uniones de débiles». Habría que incorporarlas a organismos superiores, que aportaran los medios económicos. Cito como ejemplo los diversos consorcios entre diputaciones, ayuntamientos y Ministerio de Obras Públicas existentes hoy. Criticó también las comisiones regionales de planeamiento, tal como se recogen en la ley, que apenas son competentes para redactar los planes, sin que se especifique siquiera su permanencia durante la ejecución dé los mismos.