Prosigue el contencioso entre varios pueblos de Orense e Iberduero

Entre los doscientos y seiscientos millones de pesetas oscila la cifra de indemnizaciones que vecinos de los pueblos de La Capilla, Ventas del Bolaño y Veigas de Camba, afectados por la construcción del salto de Asportas, en la provincia orensana, pretenden reclamar a Saltos del Sil-Iberduero, a causa de la ocupación del monte comunal Veigas de Camba, de unas 3.000 hectáreas, por aguas del embalse hidroeléctrico.Paso previo para esta reclamación es la redacción de ordenanzas por las que se regula el disfrute y aprovechamiento del comunal por parte de los vecinos de estos pueblos, que el Ayuntamiento de Villarino de Conso, donde se encuentra el monte, demora, según escrito presentado al gobernador civil por el representante legal de estos vecinos, solicitando su mediación. Mediación que ha declinado la primera autoridad provincial.

Los vecinos, a través del representante legal, denunciaban ante el gobernador el anormal proceder de las autoridades municipales de Villarino de Conso, a las que acusan de demorar intencionadamente la aprobación de las ordenanzas entenderse con la empresa Saltos del Sil-Iberduero, de la que habrían recibido más de diez millones de pesetas a cuenta de expropiaciones del monte, e impedir se procediese al reparto de más de veintitrés millones de pesetas, depositadas por la empresa hidroeléctrica en la Caja General de Depósitos, que corresponden a expropiaciones realizadas de parcelas del comunal. Por ello, solicitaban del gobernador civil que convocase y presidiese una reunión con los interesados y otras representaciones, a lo que el gobernador no accedió.

El litigio entre Iberduero y los vecinos de la zona del embalse data de 1972. Desencadenó una fuerte campaña de oposición popular a la empresa hidroeléctrica. La decisión arbitral de una comisión presidida por el entonces gobernador civil, Daniel Regalado, en relación con los precios de terrenos, fue aceptada por la empresa a regañadientes puesto que se inclinaba a las peticiones de los vecinos, si bien tuvo que prestar su conformidad. puesto que ambas partes en litigio habían solicitado la comisión.

Siguieron produciéndose manifestaciones populares, singularmente en Campo Becerros y el contencioso prosigue con intereses muy definidos sin que se vislumbre una fácil solución.