La Caja Rural de Sevilla se querella contra varios informadores
En la mañana del viernes tuvo efecto en el Juzgado Municipal número 4 de Sevilla, el acto de conciliación previo entre la Caja Rural Provincial de Sevilla, cooperativa de créditos, como demandante, y Anselmo Arnaiz, representante sindical de la citada entidad y el corresponsal de EL PAIS, ambos como demandados. El acto se desarrolló sin avenencia.
La querella criminal interpuesta por la Caja Rural se sustenta en una crónica publicada por este corresponsal el pasado día 21 de octubre y titulada Irregularidades en la concesión de créditos por la Caja Rural de Sevilla, en donde se relataba fundamentalmente una serie de irregularidades detectadas por los representantes sindicales de la entidad bancaria en la concesión de préstamos en la localidad de Sanlúcar la Mayor y que se elevaban a 125 millones de pesetas. La Caja Rural solicita de los demandados la indemnización solidaria de treinta millones de pesetas como compensación a los daños morales y materiales, que según entiende la entidad bancaria le produjo la publicación de la citada crónica. Igualmente, la Caja Rural ha presentado querella criminal contra los corresponsales de Cuadernos para el diálogo en Sevilla, Fernando Alvarez Palacios e Ignacio Martínez, y contra el editor de la revista sevillana Torneo, Federico Villagrán, por sendos reportajes que relataban el devenir de la Caja Rural desde su creación hasta el affaire de Sanlúcar. Sobre este punto hay que subrayar que las irregularidades detectadas en la sucursal de Sanlúcar han sido reconocidas por la propia Caja Rural, según publicidad de la Caja aparecida estos días en la prensa sevillana, al tiempo que se vierten duros adjetivos contra los informadores que se ocuparon del asunto.En lo referente a la crónica aparecida en EL PAIS, hay que destacar que todos los datos recogidos en la misma fueron sumnistrados en el transcurso de una rueda de prensa legal celebrada en las instalaciones de la Organización Sindical y convocada por el presidente de la UTT del Sindicato Provincial de Banca, Bolsa y Ahorro, a requerimiento de una asamblea de enlaces de la banca privada. Igualmente hay que señalar que en la sala donde tuvo efecto la rueda de prensa se encontraban numerosas copias de un escrito titulado A los trabajadores de la Caja Rural Provincial de Sevilla, y que iba firmado por los representantes sindicales de la Caja Rural. En el escrito se mencionaban y describían todos los puntos reflejados en la crónica de EL PAIS, puntos que fueron confirmados en el transcurso de la rueda informativa. En este orden de cosas, EL PAIS se puso en contacto con el señor Cardenete, director de la entidad querellante, a fin de que formulara las alegaciones que considerara pertinentes. Aun cuándo prometió llamar al domicilio particular del corresponsal de EL PAIS para darle cuenta de los acuerdos tomados en una reunión que se celebraba a continuación con los miembros de la comisión permanente de la Caja, para fijarla postura de la entidad ante los hechos imputados y que sirvieran de aclaración a la opinión pública, el señor director de la Caja no hizo uso de la invitación de EL PAIS y tal llamada telefónica nunca se produjo.
