El Gobierno opta por reestructurar el Consejo de Economía Nacional

La reestructuración del Consejo de Economía Nacional (CEN) acordada en la reunión extraordinaria del Gabinete celebrada ayer ha causado cierta sorpresa en los medios sindicales conocedores de un anteproyecto sobre creación de un Consejo Económico y Social que vendría a sustituir al CEN. Este anteproyecto ofrecía a los 150 procuradores de representación sindical que iban a ser excluidos de las nuevas Cortes, la posibilidad de integrarse en un nuevo organismo con competencias casi legislativas y acceder al misno, no sólo por elección sino también por designación.

El proyecto ahora aprobado devalúa en parte esta oferta, aunque mantiene la posibilidad de que los procuradores sindicales obtengan un acomodo en el CEN. Ello parece indicar que el Gabinete ha optado por una oferta al sector sindical de las Cortes que le comprometerá menos, cara a sus posibles negociaciones con la oposición.El Consejo de Ministros, celebrado con carácter extraordinario en la sede de Presidencia, tuvo una duración menor de lo que viene siendo habitual -comenzó a las, diez de la mañana, y finalizó poco después de la una y media- y en él se tomó un único acuerdo, según la nota oficial facilitada: la reestructuración del Consejo de Economía Nacional.

La reunión estuvo presidida por Adolfo Suárez y asistieron todos los miembros del Gabinete a excepción del ministro de Educación, Aurelio Menéndez, que se encuentra en la conferencia de la UNESCO que se celebra en Nairobi (Kenya) y el de Trabajo, Alvaro Rengifo, de viaje oficial en Sevilla.

La referencia oficial de lo tratado indica que el. Consejo acordó «remitir a las Cortes un proyecto de ley por el que se reestructura el Consejo de Economía Nacional, integrando en el mismo representaciones de las organizaciones de empresarios, trabajadores y técnicos, así como de organizaciones agrarias y cooperativas, colegios profesionales y asociaciones de consumidores.

Con ello se pretende cubrir el objetivo de que las representaciones de intereses adquieran significativa participación en las importantes funciones de asesoramiento y consulta que corresponden al Consejo en las materias de trascendencia para la economía nacional.

Al mismo tiempo, de esta forma, se habrá de facilitar la institucionalización del diálogo de los diferentes interlocutores sociales entre sí y de éstos con la Administración pública».

Este proyecto de ley por el que se reestructura el Consejo de Economía Nacional parece que viene a sustituir, en principio, el anteproyecto sobre creación del Consejo Económico y Social, distribuido el pasado 19 de octubre -como anticipó EL PAIS al día siguiente- entre los procuradores sindicales. El ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata, informó al Comité Ejecutivo Sindical en su última reunión, sobre este tema.

La oferta que el anteproyecto suponía para los 150 procuradores de representación sindical, que serían excluidos de la próximas Cortes de tomar parte en este nuevo organismo que participaría en las tareas legislativas con carácter preceptivo y previo en aquellos proyectos que aborden materias económico -sociales, ha sido sustituida por la que ofrece este nuevo proyecto de «asesoramiento y consulta en las materias de trascendencia para la economía nacional».

El mencionado anteproyecto, que fue interpretado en su día en los medios políticos consultados por EL PAIS como una oportuna actitud del Gobierno para ganarse el voto afirmativo del grupo más numeroso de procuradores, establecía que el Consejo Económico y Social estaría integrado por trescientos miembros, cien de ellos en representación de los trabajadores, otros cien de las empresas y otros cien en representación de la Administración y los intereses colectivos. Estos representantes -según el ante proyecto- podrían acceder al cargo no sólo por elección, sino también por designación.

Aunque por el momento se desconocen los motivos por los que el Gobierno ha desistido de crear el Consejo Económico y Social, limitándose tan sólo a reestructurar el CEN (órgano de asesoramiento y cuya desaparición se ha vaticinado en numerosas ocasiones), es evidente que esta nueva oferta a los procuradores sindicales es menos sustanciosa que la contenida en el anteproyecto, aunque asegura el acomodo de los mismos en el nuevo Consejo de Economía Nacional.

Este organismo consultivo -que precisamente pensaba sustituirse por el Consejo Económico y Social- fue ya objeto de atención en la reforma Arias y entonces se pensó integrarlo en un órgano superior de representación de los intereses sindicales. Creado en 1940 como «un organismo autónomo consultivo y asesor del Gobierno en materias que afectan a la economía nacional» fue reestructurado en 1958.

Su presidente en la actualidad es Enrique García Ramal y cuenta con un vicepresidente: el jefe del Alto Estado Mayor, teniente general Carlos Femández Vallespín; un secretario, Higinio Paris Eguilaz, y 31 consejeros. Estos son nombrados en función de su capacidad técnica y prestigio y entre ellos hay banqueros, profesores de Economía y altos funcionarios.

Hasta ahora su actividad ha sido más bien discreta y dado que sus debates son secretos, no ha trascendido generalmente el contenido de sus informes elevados a Presidencia del Gobierno. Descartada la creación de un Consejo Económico y Social, parece que el Gobierno ha optado por la revitalización de este organismo, tantas veces condenado a desaparecer.