"Justicia Democrática" se solidariza con el magistrado expedientado en Sevilla

Justicia Democrática, organización integrada por miembros de la carrera judicial, ha hecho pública una declaración de protesta tras el expediente incoado contra el magistrado de la sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla Plácido Fernández Viagas, por la Inspección de Tribunales, en el que se le imputa su pertenencia a Coordinación Democrática y el haber firmado un escrito en solicitud de manifestación.El escrito, dirigido al gobernador civil de Sevilla, solicitaba la autorización para manifestarse en petición de amnistía total, readmisión de despedidos, regreso de exiliados y otros extremos.

La manifestación, en la que habría intervenido el magistrado, tuvo lugar sin la autorización gubernativa y la intervención de aquél «en un momento posterior del desarrollo de la misma -dice la declaración- facilitó, según el pliego de cargos, su pacífica conclusión».

La declaración de Justicia Democrática, entiende que la actuación del magistrado señor Fernández Viagas «supone el ejercicio del derecho de manifestación reconocido en las Leyes Fundamentales a todos los españoles, sin discriminación alguna por razón de profesión».

La declaración se solidariza con la actitud del magistrado sevillano y afirma que sólo cuando se consiga una situación realmente democrática podrá exigirse «el apartamiento de actividades que, mientras tanto, éticamente vienen impuestas a todas las personas defensoras de un Estado de derecho».

Justicia Democrática «recuerda lo acontecido en este país desde el término de la guerra civil hasta la actualidad, extensa etapa histórica -escriben en su declaración- en que se ha tolerado y estimulado una colaboración activa de los funcionarios judiciales con la ideología totalitaria políticamente dominante».

La declaración termina analizando los sucesos ocurridos en Barcelona, protagonizados, al parecer, por funcionarios de policía, durante la celebración de un juicio contra funcionarios del mismo cuerpo, acusados de lesionar a dos detenidos por actividades supuestamente políticas.

Justicia Democrática condena tales hechos, entiende que constituyen un claro delito de sedición y afirma que reflejan una postura minoritaria dentro de los funcionarios de la Administración del Estado, para concluir exigiendo una profunda investigación e imparcial enjuiciamiento.