Pocas emiendas a la reforma, ante el pacto Gobierno-Alianza Popular

A medianoche de hoy terminará el plazo para la presentación de enmiendas y observaciones al proyecto de reforma política. Hasta la noche de ayer, el volumen de escritos presentados era escaso, en comparación con la trascendencia política del proyecto de ley. En medios legislativos se ha explicado a EL PAIS que esta actitud es consecuencia, entre otros motivos, de la dificultad de los procuradores para obtener firmas, así como de la seguridad de que el texto que aprobarán las Cortes está ya pactado entre el Gobierno y Alianza Popular.

De entre las posiciones de los diferentes sectores de procuradores, las mayores críticas al proyecto de reforma Suárez proceden de los miembros de Acción Institucional, cuyo presidente es Rafael Díaz-Llanos.

Sin embargo, parece que los procuradores de este grupo han tenido dificultades para obtener las diez firmas reglamentarias que permitirán intervenir en el Pleno, por lo que es posible que incluso algunas de las enmiendas a la totalidad previstas -según informó el señor Díaz-Llanos el pasado jueves- no hayan podido presentarse. Fuentes solventes manifiestan que en esta actitud ha influido la negociación realizada entre Alianza Popular y el Gobierno, cuyos puntos básicos ofrecíamos en la edición de ayer.

Apoyo al Gobierno

Entre los escritos formulados que se conocieron ayer destacan las observaciones que, en nombre del grupo parlamentario Independiente, presentó David Pérez Puga, y que tienen por objeto no sólo apoyar la reforma política, sino hacer el proyecto de ley más coherente y eficaz con el cambio político que se pretende.

El señor Pérez Puga expresa la necesidad de una exposición de motivos clarificadora; el reconocimiento del derecho de sufragio a todos los españoles mayores de dieciocho años, así como de los emigrantes para el Senado; la atribución de la iniciativa de la reforma constitucional al Rey y a las Cortes, pero no al Gobierno; la posibilidad de disolución de las Cories; la soberanía de éstas en materia legislativa, y la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales.

En cuanto al sistema electoral -uno de los puntos básicos pactado ya por el Gobierno con Alianza Popular-, el grupo Independiente propugna que deberá mantenerse el principio de representación proporcional para el Congreso, matizando para evitar la excesiva proliferación de partidos y el criterio mayoritario para el Senado.

Antonio Pedrosa, consejero nacional por Lugo, ha presentado cinco enmiendas al articulado der proyecto de ley de reforma política. No podrá defenderlas ante el Pleno de las Cortes por carecer de las diez firmas necesarias que se exigen para poder intervenir en el procedimiento de urgencia.

El contenido esencial de las cinco enmiendas es que se reconozca el derecho de voto a los mayores de dieciocho años; que se precise el concepto de entidades territoriales, que las incompatibilidades sean idénticas para todos los miembros de las Cortes; que las presidencias de las Cortes y del Consejo del Reino las ostenten distintas personas, para evitar la concentración, y que se contemple el supuesto de suspensión de los cuerpos colegisladores.

En relación con este último tema, el señor Pedrosa propone la adición de un nuevo artículo con el siguiente texto: «El Rey, a propuesta del Gobierno, oída la mesa de las Cortes y previa consulta del Consejo del Reino, podrá disolver o suspender ambas Cámaras, o bien una de ellas, por una sola vez en cada legislatura. La suspensión nunca podrá exceder de treinta días y, en caso de disolución, al correspondiente real decreto motivado, se acompañará la convocatoria de nuevas elecciones dentro de un plazo no superior a dos meses.»