Indignación por los incidentes del palacio de Justicia
El abogado barcelonés Marc Palmés presentó ayer ante el Juzgado de guardia una denuncia por presuntas lesiones, amenazas y coacciones, en relación con los hechos acaecidos en ocasión de la celebración del juicio contra funcionarios del Cuerpo General de Policía (ver EL PAÍS de 29 de octubre).
El letrado acompañó la denuncia de un certificado médico precisando la naturaleza de las lesiones, recibidas cuando, frente a las dependencias judiciales, estaban concentrados un centenar de policías.Por su parte, los señores José María Gil y José Vicente Martínez -presuntamente víctimas de las lesiones que motivaron el juicio contra los policías- también manifestaron su intención de ejercer acciones criminales por las circunstancias que les afectaron en ocasión de la celebración del juicio.
El primer organismo que reaccionó con energía fue la junta de defensa de los derechos humanos y el libre ejercicio de la profesión del Colegio de Abogados de Barcelona. En una reunión convocada urgentemente solicitó de la junta de gobierno de su colegio profesional la formalización de una querella criminal.
El mismo organismo calificó los hechos de posible atentado a la independencia del poder judicial y añadió que instaría al Colegio de Abogados la presentación de un escrito documentado al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en el que se solicitase, además del esclarecimiento total y enérgico de los hechos, la disolución de la Brigada Político-Social.
Los medios políticos catalanes también reaccionaron ante los hechos acaecidos en el Palacio de Justicia dé Barcelona. Así, miembros del Consell de Forces Polítiques de Catalunya y de la Assemblea de Catalunya decidieron solicitar una entrevista con el presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona y con el fiscal jefe de la misma.
La Assemblea de Catalunya decidió además redactar un comunicado para ser entregado a los medios de comunicación locales. EL PAÍS ha sabido que en la reunión de urgencia de este organismo unitario tomaron parte activa representantes de Justicia Democrática, órgano que agrupa a miembros de la judicatura y que opera en la clandestinidad.
