La gratuidad de la enseñanza es irrealizable

Las disposiciones contenidas en la ley General de Educación sobre la gratuidad de la enseñanza son impensables, por lo que la comisión evaluadora de la ley, cuyo informe acaba de hacerse público, indica al Gobierno que debería decidir entre tomar las medidas económicas que exige la puesta en marcha de los puntos de la ley referentes al tema -y sólo en Educación General Básica harían falta 68.264 millones de pesetas más de los presupuestados, antes de 1980, plazo puesto por una disposición transitoria de la propia ley o renunciar a la obligatoriedad de la gratuidad, modificando el artículo 2 y el 94.4 a) en su primer párrafo, de la ley General de Educación.En muchos ámbitos educativos, la comisión evaluadora señala que no se han cumplido ni los calendarios -aunque todavía no hayan expirado todos los plazos- ni los propósitos que intentó llevar a cabo la ley Villar. Concretamente, con él tema de la gratuidad, uno de los que, por tener mayor incidencia social, ha preocupado en más alto grado, la comisión afirma que aquélla no se ha alcanzado ni en los centros estatales de EGB, ya que se pusieron en práctica varias formas de burlarla: abonar cuotas, más o menos ilegales, como la matrícula o la reserva de plaza; el pago de libros y material escolar por parte del alumno; el pago de cuotas suplementarias en concepto de transporte y comedor y las permanencias, cantidades que revierten en el profesorado y que quizá se toleraron en un primer momento por el desfase en la actualización de los sueldos del personal docente

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