Piden el cese del administrador de la UVA de Hortaleza

Esta mañana se presentará en la Dirección General de la Vivienda un extenso informe elaborado por vecinos de Hortaleza, sobre la situación del barrio en este sentido, y un estudio, realizado por un equipo de urbanistas, sobre las causas que han conducido a la situación actual de desalojos y desahucios, ampliamente criticado por los vecinos de diversas partes de Madrid, en especial los de la UVA de Hortaleza.

Uno de los apartados del informe se refiere a la política seguida por el Ministerio. «No se trata de realizar una acción ejemplar con los desahucios. No se trata de atajar la corrupción que se haya dado en los mecanismos de adjudicación de las viviendas de protección oficial. La actual Administración conoce la situación y lo ha reconocido en su decreto-ley de 30 de julio de 1976». Se pretende, por parte del Ministerio, según los vecinos, recuperar viviendas para poder alojar en ellas a otras familias. «No pueden dar viviendas porque no las tienen».A finales de la década de los cincuenta, a consecuencia del gran número de chabolas existente en Madrid, se acometieron las medidas de vivienda social de 1956 y el plan de urgencia social de 1957. Desde 1954 hasta 1961, año en que se aprueba el plan de absorción de chabolas que da lugar a las Unidades Vecinales de Absorción (UVA), construidas en 1963, el Estado construyó 61.000 viviendas de promoción oficial en Madrid. Esta es la consecuencia de una política de intervención directa dirigida en su enunciado a las capas sociales más necesitadas sobre la base de su incapacidad de acceder al mercado de viviendas.

«Sin embargo, señala el informe, este fue el único período en que se aplicó esta política social del Régimen. En ella se produjeron no sólo desviaciones a nivel de adjudicación, sino también de constructores. La baja calidad resultante esta dando lugar ahora, tan solo quince o veinte años después, a ruinas anticipadas como en San Blas u Orcasitas».

Aquella política de promoción directa desapareció, paulatinamente a lo largo de los años sesenta. El desarrollo tecnocrático exigió pasar la responsabilidad de la edificación de viviendas a la iniciativa privada. En Madrid la iniciativa privada ha construido en la década 1964-1974 casi medio millón de viviendas, lo que significa el 95 por 100 del total construido. Esta situación, no obstante, redujo en muy pequeña proporción el número de chabolas e infraviviendas existentes en la ciudad. El Estado se desentendió de ese grupo social más necesitado que no sólo esta formado por chabolistas y, de otro parte, la iniciativa privada demostró su incapacidad para cubrir las necesidades de viviendas de las capas sociales de menores ingresos.

En 1976 se comienzan a acumular los problemas nunca resueltos, los que vuelven a presentarse y los nuevos creados a lo largo de los últimos doce años. La Dirección General de la Vivienda consideró la necesidad de intervenir de nuevo en Madrid a través de promoción oficial.

Diez años de olvido

«El Estado, puntualiza el informe, se ha desentendido, al menos durante diez años, de la vivienda social y ahora no pueden improvisarse las viviendas necesarias, supuesta la intención de dar viviendas. Por ello cuando se caen unos bloques de Orcasitas o unas chabolas de Carabanchel, el Estado carece de viviendas y de los mecanismos para promoverlas rápidamente. Se recurre entonces a ocupar viviendas vacías del propio ministerio o, incluso, al desalojo de algunos vecinos que habitan viviendas en una UVA. Solución incongruente al generar una nueva necesidad de vivienda de la familia desalojada que, en último término, no tiene ingresos suficientes para acceder a una vivienda en el mercado».El informe anteriormente reseñado va precedido de un escrito, firmado por más de 940 vecinos, sobre un total de 1.100 que componen los habitantes de la UVA, enviado a Alejandro Rebollo, director general de la Vivienda, en el que, en cinco puntos, se exponen las posturas de los vecinos sobre el problema surgido en la UVA.

En el escrito se pide que sean dejados sin efecto los casos de desahucios pendientes de resolución, de cuyos afectados se adjunta un abundante material informativo.

«Consideramos que, en gran medida, los defectos de forma y la deficiente información de los expedientes estudiados se debe a un ineficaz y negligente funcionamiento de la administración del poblado. Por ello pedimos el cese del administrador y el establecimiento de una nueva administración en el poblado, eficaz y responsable. Consideramos que la actual política de desahucios de la UVA pone al descubierto el hecho de que el Ministerio se ha desentendido durante años de la construcción de viviendas sociales».