Nuevas complicaciones en el caso de los "jueces rojos" franceses

Dieciocho magistrados de la región de Douai, en el norte de Francia, han sido objeto de sanciones por parte del poder judicial por haber participado en julio pasado de una huelga de protesta. Esta huelga, desencadenada por el Sindicato de la Magistratura, que agrupa a la tercera parte de los jueces del país, tenía el propósito de protestar contra la sanción ordenada por el entonces ministro de Justicia, Jean Lecanuet, contra el juez marsellés Etienne Ceccaldi, que se había negado a obedecer una orden de traslado.

El juez Ceccaldi, afiliado al Sindicato de la Magistratura, opinó que este traslado, disfrazado en forma de ascenso, era en realidad un castigo disimulado por el excesivo celo con que dicho magistrado llevaba adelante el sumario incoado en la causa contra una serie de grandes compañías petroleras de la región de Marsella. Estas compañías habían sido denunciadas por prácticas ilegales en la venta y distribución de productos petrolíferos, con vistas a monopolizar el mercado. Turbio asunto, que todavía está sin esclarecer.Jean Lecanuet se defendió señalando que el traslado del juez Ceccaldi era un ascenso deseado por el propio interesado. Ceccaldi replicó que se trataba de una maniobra para quitarle de las manos el sumario sobre las compañías petroleras. El Sindicato de la Magistratura tomó partido por el juez marsellés, a quien el ministro había amenazado de sanciones. Finalmente, Lecanuet propuso una doble sanción a Ceccaldi, por negarse al traslado y por falta al deber de reserva: sanciones que debían ser dictadas por el Consejo Superior de la Magistratura.

Finalmente, el asunto terminó mal para el ministro. El consejo citado dictó contra el juez Ceccaldi la pena más suave posible, pero la reprimenda fue inscrita en el «dossier» del interesado, cuyo nombre ha sido tachado de las listas de ascenso. Sin embargo, Ceccaldi sigue en su puesto en Marsella, y Lecanuet ha debido ceder el suyo en la pasada crisis gubernamental. El gaullista Olivier Guichard le ha sucedido en la cartera de Justicia. Lecanuet había «chocado» varias veces con el cuerpo de magistrados, y Guichard ha prometido pacificar las cosas: «No habrá caza de brujas», declaró. Pero las sanciones tomadas contra 18 jueces de Douai parecen poner en tela de juicio las afirmaciones del nuevo ministro.

Pero todo indica que se trata de una secuela del conflicto anterior, más que de una nueva medida. Antes de cesar en su puesto, Lecanuet facultó a los presidentes de audiencias para tomar medidas contra los jueces huelguistas que apoyaron a Etienne Cecealdi. Estas nuevas sanciones parecen ser consecuencia de este inoportuno «testamento» del ex ministro. Las sanciones son pequeñas «advertencias» o «severas observaciones», según la terminología administrativa -y según quien las ha ordenado-. Pero se trata más de «medidas administrativas» que de «sanciones disciplinarias» propiamente dichas.

Por si acaso, el Sindicato de la Magistratura ha reaccionado con toda rapidez presentando un recurso ante el Consejo de Estado, y ha implementado una campaña de protesta por discriminación y falta de equidad.