La nueva circunstancia española

Me atrevería a decir que desde el día 11 de septiembre España vive una nueva circunstancia, algo que afectará a nuestras personas individualmente, siguiendo la indiscutible afirmación orteguiana de que todos, uno a uno, somos un yo y una circunstancia que nos envuelve; pero no como algo accidental y de quita y pon, sino como una esencial argamasa que va edificando nuestra biografía.¿Es tan importante la ley para la Reforma Política presentada a alimón por el presidente Adolfo Suárez y el ministro de Información, Andrés Reguera? Lo es, en primer lugar, porque cualquier ley para la Reforma lo hubiera sido, independientemente de su mayor o menor acierto, por el hecho de serlo y serlo de verdad, no como un tímido y habilidoso, alivio para hacer que se hace, sin hacer. Lo es, en segundo lugar, porque la ley presentada no sólo va de frente y por derecho al problema más grave que tiene en estos momentos contraído el país, sino que va, a nuestro parecer, con acierto y claridad. Una de las cosas que más nos gusta de la ley es la claridad. Un deseo bizantino de perfeccionismo puede dar al traste con el mejor edificio legislativo, por aquello de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Preferimos una ley clara, sencilla y contundente a una ley exquisita, de pura orfebrería, que a fuerza de querer resolverlo todo no resuelva nada. Una de las cosas que siempre nos han conturbado es la fronda inextricable de la legislación española de los últimos años, donde acaso por falta de una legalidad unitaria y coherente en sus ejes fundamentales, esqueleto de un fuerte Estado de Derecho, han salido por doquier, como plantas viciosas, infinidad de leyes, disposiciones, ordenanzas, a cada, cual más desordenada y confusa. Por lo menos en este defecto no incurre la Ley fundamental del Gobierno Suárez, y ya es algo.

Es curioso que ahora se promulgue -mejor dicho, se intente promulgar, cuando se llega a la meta tras la carrera de obstáculos que esperan a la ley- una ley fundamental que tiene por objeto arrasar las Leyes Fundamentales por antonomasia. Yo diría aquello de que quien a hierro mata a hierro muere. Así es la vida.

En el análisis político que diversas personalidades políticas y diversos órganos de opinión han llevado a cabo para exponer sus puntos de vista críticos sobre la ley podemos encontrar juicios para todos los gustos: unos pedirían muchísimas más precisiones, lo cual equivale a decir que la nueva constitución no la harían los auténticos representantes del pueblo soberano, sino que vendría prefabricada de antemano, y otros, por el contrario, consideran que el Gobierno nos da, con esta ley, las cosas demasiado hechas, condicionando a los futuros padres de la patria. Como es fácil advertir, estas dos posturas se neutralizan y, como en un polígono de fuerzas, se resuelven en una resultante que, a nuestro parecer, pasa por el justo medio de la ley propuesta.

También existen tipos de preferencias que se pueden clasificar según los gustos o los temores de cada cual, siendo este cada cual, individual o colectivo. Algunos estiman que la Cámara Alta está demasiado alta y separada del pueblo, en las alturas de la Corona, y otros, por el contrario, que el peso de la moderación que esta Cámara significa no está suficientemente afirmado ni afianzado. Se llega a la misma conclusión: que el polígono de fuerzas de las tensiones preferenciales acabaría en una resultante que no se apartaría demasiado de lo que se nos ha ofrecido.

Hasta ahora hemos consumido un turno a favor del proyecto de ley y con esto pasamos a otra cosa. Nadie piense que pasamos del Pro Verrae a la Catilinaria ni a consumir un turno en contra. No tendría sentido después de lo dicho. Pero sí que queremos apuntar que nuestras ilusionadas esperanzas pueden verse frustradas estrepitosamente, si la forma de hacer operativa esta ley no coincide con sus buenos propósitos. Todo parte de devolver íntegramente al pueblo español su soberanía, cosa que exige en primer término buena fe y buena voluntad, deseo de consultar la opinión del país asumiendo el riesgo que haga falta. A grandes males, grandes remedios. Sería, además de inoportuno, ingenuo preparar unas elecciones a lo Romero Robledo, llenas de componendas y pucherazos con las que el Gobierno no engañaría a nadie más que a sí mismo. Sería equivalente a pensar que cambiando u ocultando una biopsia real el enfermo se salva. Doy por descontado que no es ése, ni mucho menos, el pensamiento del Gobierno y por ello sigo firme en mi confianza. Pero ésta se reforzaría si el paso próximo fuera una buena ley electoral sobre la que pudiéramos pronunciarnos, de la misma manera, favorablemente. La ley electoral es el natural complemento del paso que se acaba de dar. También solicitaríamos que era la redacción de la futura ley electoral participaran los partidos de la oposición, formalmente consultados por el Gobierno, no para tener unas conversaciones sin compromiso alguno, sino para llevara cabo un trabajo coordinado por medio de propuestas y contrapropuestas.

También nos preocupa la polarización del Gobierno, que fundamentalmente ha consultado a los partidos socialistas y democristianos, por considerarlos mayoritariamente representativos, y ha olvidado a los partidos liberales y social-demócratas, que pueden canalizar una, todavía desconocida, corriente de opinión que se sitúa entre el proletariado y las clases conservadoras y que sociológicamente es la más poderosa del país. Por de pronto, como partidos, representan ideológicamente la raíz del pensamiento democrático que al parecer ahora nos inspira. Resulta un tanto incongruente que quienes mejor representan este pensamiento hagan aquí el papel de cenicientas, con grave daño no para dichos partidos, sino para de terminados sectores de la sociedad española, que al sentirse desorientados y no encontrar su verdadero puesto pueden convertirse en un factor de conflicto en lugar de un factor de orden y moderación.

Detrás de la ley electoral viene la forma de conducir las elecciones. Ahora nadie discute, por elemental

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