La respuesta de la oposición

El Gobierno del Presidente Suárez ha presentado al país una propuesta política, dentro del marco legal de una ley de reforma, y, por otra parte, ha establecido una distensión en las relaciones oposición-Gobierno. Ambos hechos son positivos. El primero, porque, al menos, hay un plan que, coincidiendo o no con él, es indudable que coadyuva a la necesaria clarificación política. Se sabe, así, lo que quiere hacer el Gobierno y cómo quiere hacerlo. El segundo, porque, aunque sea vía facil, el principio de represión y de discriminación sistemática tiende a ser sustituido gradualmente por el principio de tolerancia y de reconocimiento de la discrepancia. En este sentido, la transición de la dictadura a la democracia se evidencia en el cambio de actitud gubernamental sobre la oposición democrática o, en términos usuales, el Poder pasa de negar a la oposición su justificación y reprimir sus manifestaciones a reconocer su persistencia y tolerar sus actividades. En síntesis, el Gobierno presenta un plan admite la discrepancia y, en definitiva, lanza un reto político.¿Cuál debe ser la respuesta de la oposición? Ante todo, ningún reto en política debe ser silenciado. El silencio o es complicidad o es el resultado de una situación totalitaria. Salir, en nuestro caso, del fascismo es, también, entrar en la concepción democrática de la vida política es decir, en las respuestas adecuadas para que la opinión pública analice y opte. Si el Gobierno tiene una opción, la oposición debe tener y ofrecer la suya.

Ahora bien, así como el Gobierno no es ya todo el Régimen, aunque forme parte de él, la oposición tampoco tiene una carácter orgánico ni menos ideológico unitario. Todo esto es normal. Pretender que después de cuarenta años de dictadura, de represión sistemática y de marginación de los discrepantes, considerados como enemigos a extinguir, la oposición ofrezca instantáneamente un idílico dispositivo unitario, orgánico e ideológico, es algo utópico. Sin embargo, el proceso a esto que pudiera parecer utópico avanza con pasos seguros.

Y este es el gran aspecto positivo que, en los últimos meses y semanas, se evidencia en la situación política española: la salida de la clandestinidad favorece el proceso inevitable de una opción conjunta de la oposición.

Dos reuniones, hasta ahora, celebradas en Madrid, en este mes de septiembre, me reafirman en esta visión optimista de la posibilidad de articular un proyecto-respuesta a la política gubernamental. Me refiero a la reunión del día 4, entre Coordinación Democrática y otras instancias unitarias de la oposición, y a la reunión, del día 9, entre Coordinación Democrática y fuerzas políticas no integradas en ella. El hecho de reunirse -y que el Gobierno las haya tolerado- es muy alentador. El gheto en el que la oposición ha estado encerrada y, lógicamente, la falta de entrenamiento político, han influido en que, por el momento, los resultados no hayan sido plenos. Tampoco se pretendía hacer milagros de una vez. Eran primeras reuniones y, como tales, es innegable que han permitido un intercambio de puntos de vista y unas conclusiones prometedoras.

Hay, a mi juicio, dos caminos para conseguir este proyectores puesta global: el primero, articular previamente a toda la oposición y llegar a unas bases coincidentes, el segundo, establecer prioritaria y urgentemente estas bases o acuerdos, sin abandonar los esfuerzos orgánicos unitarios. Ambos llevan hacia el mismo objetivo y las razones de elección de uno u otro creo que habría que sopesarlas en orden a la eficacia, viabilidad y rapidez. El pragmatismo, en todo caso, debe ser el norte en todas estas negociaciones entre las distintas fuerzas políticas y sindicales y las instancias unitarias de la oposición.

No creo que será difícil, a corto plazo, establecer un Consejo Federal-Regional, con las instancias unitarias, y un Consejo General, que integrase a las fuerzas políticas y, en su caso, a las organizaciones sindicales. Esto, evidentemente, podría ir preconfigurando la propia Constitución democrática del futuro.

Sin embargo, creo que, en los momentos actuales, es urgente acelerar el gran acuerdo de todas las fuerzas y organizaciones políticas y sindicales a nivel del Estado. Dada la heteregeneidad ideológica, es obvio que este proyecto-acuerdo tiene que basarse en supuestos mínimos y no maximalistas.

¿Cuáles podrían ser estos puntos mínimos? En principio, dos:

Primero- La aceptación explícita por todas las organizaciones políticas y sindicales del sistema democrático pluralista como marco de convivencia de todos los españoles. Lo que implica, a su vez, el mutuo reconocimiento de que todas, sin excepción, tienen igualdad de derechos a participar en la normalización y asentamiento democrático de España.

Segundo. -La negociación con el Gobierno para la aceleración y fiscalización del proceso constituyente, entre otros sobre estas bases: a) participación directa en la elaboración dé la Ley Electoral; b) igualdad de oportunidades en la utilización de los medios de comunicación de masas, especialmente la TV, en cuanto organismo estatal; c) formación de un Gobierno de concentración nacional, después del referéndum, que dirija el proceso electoral.