El Plan Parcial de Vallecas podría suponer la expulsión de muchos vecinos

La exigencia de paralización total del Plan Parcial de Edificación Abierta de Vallecas, la necesidad de una reelaboración de este Plan, la sustitución de la iniciativa privada por la pública y la participación y control de las Asociaciones en la ejecución de una ordenanza racional, eran las peticiones realizadas hace más de un año por cinco Asociaciones de Vecinos. Desde entonces, sucesivas reuniones y una manifestación a la que acudieron más de 10.000 vecinos, han dejado la situación estacionada mientras prosigue el deterioro y la división de un barrio afectado por numerosos Planes Parciales.

Según un escrito realizado por las Asociaciones de Vecinos de Palomeras Sureste, con los sectores de Cerro del Tío Pío y Alto Arenal, Palomeras Altas, Palomeras Centro, Los Huertos y El Olivar, el Plan Parcial de Edificación Abierta de Vallecas podría ser calificado de Plan de expulsión.La razón de esta denominación a una ordenanza, que afecta al polígono limitado por la autopista de Valencia, Vía de los Poblados y límite oriental del anteriormente aprobado Plan de Reforma Interior del Puente de Vallecas, se debe a que los actuales inquilinos y propietarios tendrían que irse de la zona ante las condiciones expuestas en el citado Plan.

Estas condiciones, según los vecinos, «no tomaron en cuenta las necesidades del vecindario y su historia». Un estudio realizado en mayo del año pasado abundaba en esta opinión al afirmar «que se orienta claramente la creación de un nuevo barrio sin pensar en ningún momento en realojar en el mismo a la población actual».

El estudio analizaba el Plan Parcial y su incidencia negativa en un barrio constituido fundamentalmente por edificaciones de una planta ocupadas por inmigrantes de otras regiones y zonas de Madrid; sin embargo, y a pesar de su presentación tanto en organismos municipales como oficiales, el estudio «no fue considerado, por lo que la situación se hizo imposible ya que se nos venía encima el plazo de dos años dado para que los propietarios hubieran iniciado la construcción de las viviendas».

Ante esta situación los habitantes de la zona solicitaron para el día 13 de julio una manifestación en la que intervinieron 10.000 afectados y que sirvió para que al día siguiente los presidentes de todas las Asociaciones de Vecinos de la zona, enviaran un escrito al Ministerio de la Vivienda solicitando una entrevista antes del 23 de julio, día en que terminaba el mencionado plazo.

Según éste, la construcción era dejada a la iniciativa privada con lo que ante la falta de recursos económicos de los vecinos «la expulsión de estos sería un hecho incontrovertible».

Unas encuestas realizadas en la zona nada más conocerse el Plan Parcial, en 1974, indicaban que el 94 por 100 de la población activa eran trabajadores con unos ingresos mensuales de menos de 17.000 pesetas por familia. Dividida la población afectada en inquilinos, unos 45 por 100, y propietarios, el 55 por 100 restante, que podría ser clasificado en afectados por expropiación, por cesión de viales y por junta de compensación, el estudio venía a concretar una «insuficiencia absoluta para la posible construcción de viviendas.». Mientras, algunas inmobiliarias se dedicaban a obtener licencias para construir en solares comprados anteriormente a chabolistas a cambio de una cantidad insignificante de dinero o quizá de uno de los pisos construidos.

Además, en caso de construirse a cargo de la iniciativa privada, más de un 55 por 100 de los actuales inquilinos tendrían que pagar de siete a noventa veces su renta. A esto se uniría que el 75 por 100 de los propietarios de la zona poseen parcelas inferiores a los 80 metros cuadrados, tamaño mínimo de parcela edificable especificado por el Plan Parcial.

Para estudiar esta situación, el subsecretario de la Vivienda, señor Bayón, así como un representante de COPLACO, recibieron a una comisión de doce vecinos el mismo día 23 de julio. En ella se consiguió la paralización en la entrega de licencias y la apertura de un diálogo, que empezará, según los vecinos, a funcionar a principios de septiembre, en una comisión formada por técnicos y vecinos «para ver la forma de cambiar el Plan Parcial ya que estamos de acuerdo con el trazado urbanístico, pero no con la ejecución».

A estas peticiones de un cambio de Plan Parcial se unió la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, afectado por el Plan Parcial de San Diego. «Pedimos que nos engloben a todos dentro de un sólo Plan ya que somos todos vecinos de la zona y afectados por los mismos problemas».

Entre tanto, los vecinos esperan que comience un diálogo que permita solucionar la situación de una zona tan extensa y en la que el problema de la vivienda afecta a toda la población.