Finalizó la huelga de Motor Ibérica

Tras 96 días de huelga, y en el transcurso de una asamblea celebrada en Sindicatos, los trabajadores de Motor Ibérica decidieron ayer reincorporarse al trabajo.

Esta decisión fue tomada como consecuencia de la actitud de varios centenares de trabajadores en conflicto, quienes aceptaron solicitar el reingreso en la empresa en base a la oferta que ésta efectuó hace unos días.La oferta efectuada individualmente consiste en que los obreros deberán firmar una carta en la que reconocen su participación en las anormalidades laborales registradas en las factorías de Motor Ibérica antes del 28 de abril, fecha en la que se inició el conflicto masivo y abierto.

En su carta, los obreros deben comprometerse, además, a que durante un período de tres meses no participarán en conflictos laborales. Transcurrido este período, la empresa se reserva el derecho de readmitir a los trabajadores o bien cambiar su lugar de trabajo dentro de la misma empresa. Asimismo, los trabajadores deberán, desistir formalmente de sus demandas por despido improcedente, interpuesta ante la Magistratura de Trabajo de Barcelona, y cuya vista debía celebrarse el próximo 15 de septiembre.

Los trabajadores que permanecían en conflicto y ostentaban cargos sindicales han recibido también la carta que deberá rellenar solicitando el reingreso, si bien este modelo sufre algunas variaciones en su redactado con relación a las cartas de los demás compañeros. Así, a los cargos sindicales no se les exige que retiren la mencionada demanda ante Magistratura.

El largo conflicto de Motor Ibérica se remonta al pasado día 27 de abril cuando estaba en plena negociación el convenio colectivo provincial del metal. En aquella ocasión, los trabajadores solicitaron de la empresa la readmisión de 18 trabajadores despedidos en el conflicto que había tenido lugar a finales de 1974, así como un aumento lineal de 4.000 pesetas y la retirada de unos 200 expedientes abiertos tras paros parciales registrados en aquellas mismas fechas.

La empresa aceptó en principio discutir el aumento de sueldo, pero se negó rotundamente a considerar la readmisión de los despedidos. Los obreros, por su parte, consideraban que esta última reivindicación era, con mucho, la más importante, mientras que los aumentos salariales y la retirada de los expedientes pasaban a un segundo plano. Pronto se llegó al conflicto abierto, que afectó a más de 3.500 obreros de las tres factorías que tiene la empresa en Pueblo Nuevo, Zona Franca y Moncada.

Fuentes laborales mencionaron como factor importante de la postura empresarial los criterios del señor Echevarría, entonces director general de Comunicaciones, quien en, el pasado había desempeñado un alto cargo en el seno de la empresa.

Fuentes laborales afirmaron repetidamente a la prensa que los criterios del señor Echevarría -alto ejecutivo que fue de Perking cuando de esta empresa fue despedido Marcelino Camacho- eran tomados con la mayor consideración por los actuales dirigentes de la empresa.

Iniciado ya el conflicto se produjeron varios intentos de negociación que no dieron resultado positivo. Aparecieron las primeras manifestaciones callejeras de obreros, los primeros atentados contra huelguistas y las ayudas económicas masivas a los obreros en paro por parte de numerosos sectores ciudadanos.

La tensión incrementó sustancialmente cuando la empresa sancionó a unos 1.800 obreros con suspensión de empleo y sueldo. Muy poco después unas 300 mujeres e hijos de huelguistas protagonizaron, durante un mes, un encierro en la iglesia de Sant Andreu del Palomar, el cual despertó una activa solidaridad en el seno de prácticamente todas las asociaciones de vecinos de Barcelona. El encierro terminó con el desalojo por parte de las fuerzas del orden público.

La última oferta de la empresa, anterior a la actual fórmula resolutoria del conflicto, consistió en la readmisión de todos los trabajadores, excepto 33 de ellos. Fue inmediatamente desestimada por los trabajadores.

A lo largo de las negociaciones, varios organismos cívicos se prestaron a actuar de mediadores entre los obreros y la dirección, entre ellos, el Arzobispado de Barcelona, el Colegio de Abogados, la Delegación del Trabajo, el Gobierno Civil, la delegación de Sindicatos y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. Hubo, asimismo, entrevistas con los dos últimos ministros de Relaciones sindicales, Rodolfo Martín Villa y Enrique de la Mata.

Uno de los líderes de los trabajadores, Juan Domingo Linde, miembro de la tendencia minoritaria de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, manifestó a EL PAIS que «contrariamente a lo que han afirmado algunos medios informativos, la vuelta al trabajo no representa en modo alguno la aceptación de un pacto social. La realidad es que muchos trabajadores habían decidido por su cuenta aceptar el reingreso en la empresa. Ante ello, los 800 obreros que continuaban en paro optaron por la vuelta al trabajo como única alternativa posible por el momento».

La misma fuente señaló que en estos 96 días de huelga, los trabajadores han recaudado en concepto de solidaridad económica unos 17 millones de pesetas.