Actividades de los funcionarios públicos en pro de su libre sindicación

El movimiento obrero español ha iniciado el proceso asambleario que habrá de decantarse en la definición de los trabajadores acerca del sindicalismo que desean. En esta línea, y ante la ausencia de conflictos laborales que se presume tendrán su magna manifestación en el próximo otoño, calificado a priori como caliente, los funcionarios públicos, uno de los sectores laborales que en la carrera por la conquista de las libertades sindicales, sin duda por su dependencia directa de los poderes públicos cuenta con mayores desventajas, se apresta estos días a unirse a la movilización general.Las desventajas de los trabajadores de la Administración pública española, arrancan de su imposibilidad a sindicarse, derecho este que el Estado español no tiene reconocido para este colectivo laboral. Y es precisamente en este aspecto, considerado como básico para la defensa de sus intereses, en el que los funcionarios centran en estos días sus reivindicaciones. Más aún cuando ante sus reiteradas peticiones de que les fuera reconocido su derecho de sindicación, el poder ha respondido con un decreto que regula sus organizaciones profesionales, rechazado desde diversos sectores laborales de la Administración.

Dentro de la movilización anteriormente apuntada, la celebración de una conferencia-coloquio en el salón de actos del Ayuntamiento de Leganés -con participación de funcionarios y contratados de las corporaciones de Madrid, Getafe, Móstoles, Alcorcón y Pinto- supone, en alguna medida, un reconocimiento oficial a la necesidad de que el colectivo laboral al servicio de la Administración encauce sus inquietudes.

La conclusión de esta reunión de funcionarios de la Administración local -marginada en el decreto que regula las organizaciones prefesionales- fue la absoluta necesidad de construir un sindicato de todos los trabajadores de la Administración, en cumplimiento de las libertades que en este aspecto reconoce la Organización Internacional del Trabajo. Este sindicato, según se dijo, sería libre y autónomo, sin injerencia de los poderes públicos, que, en este caso, representan al mismo tiempo a la patronal de estos trabajadores.

Según se informó en la reunión, en algunos ayuntamientos, como es el caso del de Madrid, se han constituido ya comisiones de trabajadores dentro de cada sector o colectivo profesional para la negociación de sus problemas específicos. También se acordó que la Asociación Española de la Administración Pública inicie una «labor presidencial».

En otra charla-coloquio sobre el mismo tema, con participación del líder de los carteros -y miembro del Secretariado de Comisiones Obreras- Jerónimo Lorente, tras cuestionar el citado decreto, se insistió en la necesidad de que los funcionarios puedan negociar con la Administración sus intereses laborales, «lo cual tan sólo es posible mediante la existencia de un sindicato que agrupe a todos los funcionarios».

Por otra parte, los trabajadores de Correos proceden estos días -según ha informado a EL PAIS un portavoz de la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos- a elegir a sus representantes en cada provincia para constituir formalmente la citada Comisión. Miembros de ésta, por otra parte, han solicitado de la Dirección General de Correos autorización para celebrar una asamblea a nivel nacional, la cual, según impresiones de los propios trabajadores, podría contar ya con la aprobación de instancias superiores.