La oposición fijará las condiciones mínimas para negociar su concurrencia electoral

Varios partidos estarán representados en la reunión que se celebrará el próximo 3 de agosto para elaborar un nuevo documento de la oposición democrática, en línea con el manifiesto de los 32, conocido el 2 de julio, y con el de los 46, hecho público el pasado lunes. El nuevo documento, según se ha informado a EL PAIS, abriría definitivamente la posibilidad de una negociación entre el Gobierno y la oposición, en caso de aceptarse las condiciones mínimas de ésta, y cara a la concurrencia electoral.

Los partidos que, en principio, concurrirán a la reunión preparatoria del documento son los componentes del Equipo del Estado español de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Socialista Popular (PSP) y Partido Comunista de España (PCE).La nueva declaración será el instrumento mediante el que la oposición democrática establecerá las condiciones mínimas para una negociación con el Gobierno cara a la concurrencia a las elecciones.

Según parece, y de continuar prosperando la línea dialogante, no exenta de crítica, de los anteriores documentos, el Gobierno aceptará iniciar la negociación con los representantes de la oposición democrática más caracterizados. Algunos observadores señalan como persona idónea para establecer el contacto con el Gobierno a José María Gil-Robles y Gil Delgado, uno de los políticos que ha visitado ya, recientemente, el palacete de Castellana, 3. Otras fuentes han revelado a EL PAIS que la persona perteneciente a la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que se reunió a mediados del mes actual con el presidente Suárez es Luis Gómez Llorente, deduciendo de ahí que se trata de otro interlocutor válido para el actual Gobierno.

En cualquier caso, el tema de la participación en las elecciones de todos los sectores democráticos del país aparece a la generalidad de los observadores como el punto de conveniencia común, que facilitará la transacción entre el Gobierno y la oposición para una negociación política seria.

Mientras tanto, a juzgar por las noticias llegadas a EL PAIS, los grupos políticos más afines al Gobierno preparan cuidadosamente su estrategia electoral. Fuentes solventes nos han asegurado que Unión del Pueblo Español (UDPE) y Unión Democrática Española (UDE) están a punto de llegar a un acuerdo para constituir una alianza electoral que no se descarta que pueda ser utilizada por el propio presidente Suárez para concurrir a las elecciones generales.

Para que la negociación con la oposición sobre el tema electoral pueda tener eficacia, en medios reformistas próximos a las instituciones del sistema se hace notar que la normativa electoral no debe quedar supeditada a la aprobación por las Cortes. Esto avala la tesis que ha podido conocer EL PAIS de que el Gobierno se propone ganar el tiempo perdido por el no cumplimiento del plazo del 15 de julio, anunciado por Arias, como fecha última para la entrada en las Cortes del proyecto de ley electoral. La fórmula para ganar ese tiempo sería la de recurrir al decreto-ley.

En cambio, no se ha confirmado el rumor que circulaba ayer en las Cortes, de que el Gobierno presentará un proyecto de ley de reforma constitucional, que podría ser sometido a un pleno de la Cámara legislativa a celebrar en agosto. Según el citado rumor, el proyecto de ley contendría muy escasos puntos, -«todo él cabe en un folio», comentaba un procurador de representación sindical-, relativos al sufragio universal, reforma sindical y tribunal de garantías constitucionales, entre otros. La reforma constitucional en detalle, según esta versión, la realizarían las nuevas Cortes que surgieran de las elecciones. Con ello se ofrecería a las instituciones del franquismo la última oportunidad para participar en la reforma. Caso de negarse a ella, quedaría expedita la vía hacia la consulta directa a la nación.