Economía y democracia

La tendencia creciente de los economistas españoles a hablar cada vez más de política y cada vez menos de economía refleja en parte la saludable politización que está viviendo nuestro país. En el campo económico, por ejemplo, están saliendo a la luz los postulados políticos implícitos en nuestra famosa tecnocracia cuyas actuaciones se habían presentado siempre como apolíticas cuando es evidente que no lo eran. La reacción de la opinión pública ante los rumores de una vuelta al poder de los llamados «tecnócratas» es sintomática de esa «prise de conscience».Pero el fenómeno no refleja solamente un cambio en la apreciación colectiva de la realidad socio-económica sino también, y probablemente en mayor grado, un cambio radical de la propia realidad. Volviendo al ejemplo de nuestros técnocrátas, es muy probable que la historia reconocerá que desempeñaron un papel importantísimo. en el proceso de despegue económico español y, sin embargo,ni ellos, ni ningún otro tecnócrata, estarían a la altura de la situación actual.

La razón es que los males que aquejan a la economía española no son de los que se resuelven mediante la aplicación de recetas de tipo técnico. La coexistencia de inflación, desempleo y déficit de balanza de pagos, todos ellos en grado sumamente elevado, es indicio de un mal profundamente enraizado en la sociedad española.

Existen evidentemente un sinmúmero de factores de tipo técnico que se pueden identificar como causas directas de esos males. Pero limitarse a decretar un control de los aumentos de salarios para disminuir la inflación y una devaluación para aumentar la exportación y disminuir el paro y el déficit de la balanza de pagos equivale a darle Piramidón a un paciente con fiebre alta sin preguntarse siquiera cuál es la causa de esa fiebre.

La desagradable realidad es que tanto la inflación como el déficit de la balanza de pagos son síntomas clarísimos de una falta grave de consenso sobre la actual estructura de la sociedad española. La inflación es consecuencia de una lucha entre las distintas clases sociales por aumentar sus rentas a expensas de las demás. El déficit de la balanza de pagos es el resultado de un deseo general de gastar más de lo que se produce o de ahorrar menos de lo que se invierte.

Ambos fenómenos reflejan insatisfacción. Las clases asalariadas desean aumentar sus rentas y su consume, disminuyendo su ahorro. La clase empresarial desea mantener sus beneficios. La burguesía en general continúa empeñada en mantener niveles de imposición efectiva que son mucho más bajos que los de cualquier país con niveles comparables de renta. La oligarquía está empeñada en mantener un régimen que la ha favorecido durante mucho tiempo sin darse cuenta de que ese intento desesperado podría causar su pérdida definitiva.

Ante esa situación, la utilización como se hizo el año pasado de métodos clásicos de control de la demanda no es sólo inútil sino contraproducente. Aumentar el desempleo, disminuir el ritmo de actividad y por lo tanto los beneficios, no hacen más que agravar la insatisfacción latente y aumentar los conflictos. En otras palabras, la lucha por una parte del pastel será aún más grave si disminuye el tamaño del pastel. Ello implica una contraindicación absoluta a las medidas de estabilización clásicas. Del mismo modo, tampoco pueden adoptarse medidas de control autoritario de precios y salarios, porque no se respetan.

¿No hay solución, entonces? A corto plazo, no. Se podrán aplicar paliativos útiles, como mantener el ritmo de la actividad económica, aumentar el subsidio de paro, subvencionar los precios de los productos alimenticios. A plazo medio las soluciones deben también incluir reformas estructurales de tipo técnico que mejoren la competitividad de la economía española. Pero la solución, ante todo, estaría en una mejora del consenso social en este país.

Esa mejora no la podrá conseguir un Gobierno provisional por naturaleza y tarado desde su origen por el defecto fundamental de un régimen que condujo al país a esa situación en estos últimos años: la falta de base democrática. Su provisionalidad le impedirá adoptar medidas de amplio alcance, y su falta de base le impedirá pedir a los distintos grupos sociales los sacrificios necesarios.

Desde el punto de vista económico, la democracia es urgente, y la espera peligrosa. Es triste, pero necesario, recordar que el fracaso de la II República española se debió en gran parte a la crisis económica. La situación actual no es desde luego, comparable a la de los años 30 pero sí es lo suficientemente grave como para que no puedan permitirse más actitudes dilatorias.