Cuatro grupos parlamentarios, piden la prohibición expresa del Partido Comunista

Antes de que el Gobierno Suárez haya tenido tiempo de hacer su declaración programática, cuatro grupos parlamentarios han tomado la iniciativa para proponer una fórmula, que debería ser tratada como cuestión previa, en la que, de manera expresa, se declararla ilegal al Partido Comunista. Como la propuesta no puede ser tratada reglamentariamente en el Pleno, la despenalización de los partidos podría sufrir un nuevo parón si el Gobierno no asume el riesgo de la votación. Algunos observadores estiman, no ubstante, que la oposición al Gabinete no lograrla más de cien votos.

El Gobierno Arias padeció ya la presión psicológica de este sector le procuradores, en el Pleno de las Cortes del pasado día 9 de junio.Depués de la aprobación, en la sesión matinal celebrada en aquella fecha, de la ley de partidos -con sólo 91 votos en contra-, durante la tarde caldearon suficientemente el ambiente hasta el punto de que el Gobierno no se atrevió a someter a votación el texto completo del proyecto de ley sobre modificación del Código Penal, al que la ley de partidos se remitía.

El proyecto de ley fue devuelto a la Comisión de Justicia y el Pleno se limitó a aprobar sus líneas fundamentales. Entre ellas, y a pesar de que la ponencia no lo había incluido en su informe, se introdujo una innovación, consistente en considerar, entre las asociaciones ilícitas, las que, sometidas a una disciplina internacional, se propongan implantar un sistema totalitario.

En la Comisión de Justicia se estudió técnicamente la fórmula aprobada en el Pleno y, aunque se incorporó al dictamen de la Comisión, se encontró una redacción alternativa que pudiera sustituirla, si hubiera términos reglamentarios para ello. La autorización que el presidente de las Cortes comunicó al presidente de la Comisión, Licinio de la Fuente, para que se deliberara y votara sobre la fórmula alternativa, permitía augurar que sería sometida a la aprobación del Pleno.

La ilicitud asociativa se concretaba en la nueva redacción a las que, por su objeto, programa, actuación o circunstancias, atenten a la dignidad o a la libertad humanas, o sean contrarias al pluralismo asociativo como medio para la participación política.

Si esta fórmula parecía contar con la anuencia del Gobierno Arias -de lo contrario no se hubiera deliberado sobre ella- y del presidente de las Cortes -que autorizó someterla a votación-, parecía que la llegada al poder del Gabinete Suárez sólo beneficiaría la viabilidad de la fórmula sugerir por la Comisión de Justicia

Las grandes posibilidades de la nueva fórmula -que podría volverse contra los sectores de ultraderecha que la atacan, cuya actitud contraria al pluralismo es conocida- han llevado a cuatro grupos parlamentarios a proponer una novísima opción de texto mediante la que, al margen del propio Reglamento de la Cámara, pretenden que hoy se vote, con carácter previo, la ilicitud, en todo caso, de los grupos, asociaciones o partidos comunistas, nacionales o internacionales.

Los grupos parlamentarios Acción Institucional, Unión del Pueblo Español, Regionalista y Laboralista -que, según el señor Díaz-Llanos, cuentan con más de 300 votos en la Cámara, aunque en fuentes solventes no se le calculan más de cien- se mostraron ayer contrarios a la aprobación del proyecto de ley, si no se acepta quie se vote la fórmula ofrecida por ellos.

Por su parte, el grupo parlamentario Independiente defiende la inclusión de la fórmula sugerida por la Comisión de Justicia, por entender que el Código Penal no debe proscribir ideologías, sino tipificar conductas. Se espera que esta tesis sea mantenida por el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, antiguo miembro del grupo Tácito, y que será el encargado de defender hoy ante las Cortes el proyecto de ley obra del anterior Gobierno.

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