Los procuradores no admitieron el calificativo de "escasamente representativos"

El incidente se produjo al comienzo de la que sería última intervención de la sesión de la tarde. Ramiro Cercós, procurador en representación de los ingenieros civiles, había comenzado la exposición de su observación al proyecto de ley con las siguientes palabras: «Con el respaldo de un grupo minoritario de procuradores -los señores Escudero, Esperabé, Meliá, Carazo, Muro, Becerra y Cercós (todos ellos familiares)- no integrados en grupos parlamentarios por corresponder nuestros talantes personales a ideologías hoy no representadas en estas Cortes...»Un gran murmullo entre los procuradores al escuchar estas palabras ahogó la voz del señor Cercós, que no pudo continuar ante los comentarios -algunos en alta voz- de los procuradores. El presidente de la Cámara, Torcuato Fernández-Miranda, intervino entonces para decir: «Ruego a los señores procuradores que respeten la Cámara», a lo que un procurador, Manuel Solá, familiar por Granada, replicó: «Que respete la Cámara al orador».

En ese momento, y entre expresiones de fuerte protesta: fuera, que lo echen, un respeto a la Cámara, una veintena de procuradores -entre los que se encontraban los señores Girón, Iniesta Cano y Valdés Larrañaga- abandonaron el hemiciclo con murmullos de desaprobación.

Como éstos no cesaban, y el procurador antes mencionado, señor Solá, siguiese increpando al orador, el presidente indicó que si no cesaba en su actitud, «tomaría medidas»; a lo que el procurador señor Solá replicó: «las aceptaría».

Sin que hubiera cesado la tensión originada por este primer incidente, Ramiro Cercós siguió exponiendo su observación. Hizo un elogio, en principio, al trabajo de la ponencia, pero indicó que algunas enmiendas y observaciones presentadas por él no habían sido aceptada y «estimó -dijo- son fundamentales para que esta ley no sea lo que realmente debe ser en este momento crucial que vive el país: una ley de partidos políticos para la democracia».

Manifestó que discrepaba profundamente de la postura mantenida por los procuradores enmendantes a la totalidad y que aunque tampoco compartía la política reformista seguida por el Gobierno, no quería sumar obstáculos para la aprobación de este proyecto que consideraba pieza clave del orden democrático.

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Primero, modificar la Constitución

Más adelante dijo que no se debía haber promulgado esta ley en tanto no se modificaran las Leyes Fundamentales, y que amplios sectores de nuestra sociedad entendían que no era el momento de entrar a analizar si el orden constitucional vigente admite partidos políticos o no, sino que tenían el convencimiento de que «es fundamental y previo el reconocimiento de la soberanía popular y que esto tenga lugar en unos nuevos textos constitucionales ».

«Porque es una gran contradicción -añadió- que se hable de democracia para todos los españoles desde instancias significativas del Gobierno y se inicien reformas políticas sin consultar al pueblo, olvidando que es precisamente la soberanía de la nación encarnada en sus ciudadanos la única legitimada para elegir libremente su futuro político.»

Los murmullos y la tensión de la sala, que no habían desaparecido desde el incidente anterior, crecieron con estas palabras en las que por primera vez que se recuerde, un procurador se mostraba ante el Pleno partidario de, lo que se ha venido en denominar ruptura democrática.

Ramiro Cercós siguió su parlamento entre claras muestras de desaprobación que culminaron cuando pronunció la siguiente frase: «De ahí que juzguemos que este proyecto de ley no es oportuno ni conveniente, sino que debería haber sido precedido por la devolución a nuestro pueblo de su protagonismo y por el reconocimiento de su mayoría de edad preguntándole sobre lo que quiere. Pero reconocerle una democracia otorgada por unas Cortes prorrogadas y cuyo funcionamiento apenas está incardinado en el hondo sentir de la mayoría de los españoles por la escasa representatividad que les reconocen...»

En este momento un fuerte murmullo mezclado con algunos gritos de esto es demasiado, un respeto a la Cámara, interrumpió de nuevo el parlamento del señor Cercós. El presidente, señor Fernández-Miranda, se dirigió al ponente y le dijo: «Ruego al señor procurador que no plantee cuestiones que no es el momento de plantearlas.» A ello respondieron algunos procuradores: «Muy bien», de acuerdo, al tiempo que se oían aplausos.

Fernández-Miranda señaló entonces que los procuradores fueran consecuentes en sus aplausos y que él tenía «el deber de amparar a todos y cada uno de los procuradores aunque lo que digan no nos agrade», y dirigiéndose al señor Cercós le indicó que siguiera su exposición, pero que lo hiciera con mansedumbre. «Con la misma mansedumbre -añadió- con que yo he actuado en estos últimos meses. »

Tras esta advertencia y ante el clima de tensión creado en la Cámara, el señor Cercós suavizó un tanto el resto de su intervención, no sin expresar antes que creía una obligación exponer lo que pensaba del proyecto ante la Cámara, pues lo contrario sería una postura deshonesta.

Tras la intervención, el presidente, señor Fernández-Miranda, levantó la sesión que se había iniciado a las cinco y cinco de la tarde con la intervención del señor Lamo de Espinosa.

Emilio Lamo, del grupo parlamentario Acción Institucional, que presentó su observación en contra de la regulación de los partidos, basó su intervención en que el proyecto se oponía al orden institucional, y solicitó del Gobierno el paso del proyecto a la Comisión.

Con el hemiciclo semivacío -que fue llenándose a lo largo de la tarde hasta llegar a unos dos tercios de procuradores presentes-, el señor Lamo defendió las siguiente tesis: «El proyecto se opone al orden constitucional -en concreto, a las Leyes Fundamentales- tal como rigen en el momento presente. Ese orden va a ser reformado. En consecuencia, o se suspende la tramitación del proyecto hasta la aprobación de la reforma, o se ajusta al ordenamiento constitucional. De no proceder así, la ley que ahora se aprobara, estará en oposición a la Constitución vigente y podrá, incluso, estarlo con la reformada.»

El señor Lamo propuso también que las asociaciones políticas se mantuvieran dentro de la comunidad del Movimiento, ya que si no se le sustraería uno de sus fines principales, que es el de la acción política.

«Yo no he pedido -dijo en otro momento- que las asociaciones sean instrumento de participación; yo he negado eso. Mientras no se altere el orden constitucional, son órganos de representación y no de participación.»

Mónica Plaza

A continuación intervino la procuradora Mónica Plaza, quien calificó el proyecto como «la reforma política más importante». El tema central de su parlamento estuvo dedicado a lo que consideró «eliminación del Consejo Nacional del Movimiento como órgano de plena y exclusiva competencia a los efectos del asociacionismo político».

La señorita Plaza recordó en su intervención que en el estatuto de asociaciones de 1974 era el Consejo Nacional el órgano encargado de este tema y que no comprendía qué razones habían llevado al Gobierno y a la ponencia al grave traslado del Consejo Nacional al Ministerio de Gobernación y a cambiar la terminología de las asociaciones a partidos si las Leyes Fundamentales seguían siendo las mismas.

Dijo después que aún recordaba una intervención de Torcuato Fernández- Miranda ante el Consejo Nacional en 1971, en la que dijo que «la competencia a los efectos de las asociaciones políticas es plena y exclusiva del Consejo Nacional y no sólo una competencia, sino una obligación establecida por las Leyes Fundamentales». «¿Quién entiende esto, señores procuradores?»

Estas palabras fueron seguidas de un breve aplauso al tiempo que el presidente sonreía ante la alusión.

Explicó que este cambio de actitudes creaba confusión en el pueblo, y que era preciso llevar adelante las reformas en la Cámara con una rigurosa legalidad. «Me da la impresión -añadió- que estamos pisando la raya de lo constitucional; de aprobarse así la ley se va a dar una sensación de actuación con poco rigor.»

Finalizó su intervención señalando que su actitud pretendía ser constructiva y que creía en el Sistema, y que éste era reformable y expresó sus dudas de si la eliminación del Consejo Nacional en el tema del asociacionismo no entrañaba el paso hacia la eliminación total de este órgano.

El procurador señor Fernández Nieto tomó la palabra a continuación como observante en contra de la leganización de los partidos. Centró su intervención en la tesis de que era partidario del asociacionismo político, pero que con el proyecto se eliminaba un sistema de participación orgánica por otro de participación inorgánica, y que no aceptaba que este cambio se realizara por una ley ordinaria.

La Patria y no el país

La última observación en contra del proyecto estuvo a cargo de la procuradora Pilar Primo de Rivera, quien defendió dos tesis que fueron presentadas como enmiendas al articulado: «una, que el control de las asociaciones recaiga en el Consejo Nacional, y otra, que se mantenga la costumbre de hablar de la Patria y de España mejor que del país».

En la defensa del primer punto indicó que para no incurrir en ruptura y ser fieles a las Leyes Fundamentales había que mantener la competencia del Consejo Nacional. En cuanto al segundo punto señaló que había que mantener por encima de todo la unidad de España, que podía peligrar si se aprobaba la participación de tendencias disgregadoras.

En nombre del grupo parlamentario Unión del Pueblo Español (UDPE) tomó la palabra seguidamente Cruz Martínez Esteruelas, quien comenzó diciendo que la formulación del pluralismo político no agotaba el problema de la participación y que debía mantenerse junto con la representación de las asociaciones políticas la representación orgánica.

A continuación explicó que la posición del grupo parlamentario UDPE en torno al proyecto era un sí a las asociaciones políticas; ciertas reservas al proyecto por presentarse antes de la reforma constitucional y por la insuficiencia de su regulación y admisión, no obstante, del proyecto en sus líneas generales.

Pidió por último que las coaliciones pudieran llevarse a cabo no sólo con fines electorales e indicó que UDPE aceptaba el proyecto y que había que utilizar el asociacionismo político «para defender los valores esenciales».

En nombre de la ponencia habló a continuación el señor Sánchez de León, quien indicó que veía en las observaciones presentadas que obedecían más a un análisis jurídico que a un examen político del problema.

Recordó que en el año 1945, una persona que fue dos veces ministro secretario general del Movimiento dijo ya por entonces que los partidos no eran intrínsecamente malos, y propuso unas Cortes divididas en dos Cámaras. (Esta observación hizo a algunos procuradores dirigir su mirada a Fernández-Cuesta, quien indicó con gestos que él no era ese ministro, sino que fue el señor Arrese.)

Por último, señaló que la ponencia ha recortado las atribuciones que el texto del Gobierno daba, al ministro de Gobernación, y que no hay ninguna ley fundamental que establezca la exclusiva competencia del Consejo Nacional del Movimiento sobre las asociaciones políticas.

Al terminar la intervención del señor Sánchez de León se suspendió la sesión durante unos minutos, reanudándose con la réplica a la ponencia por parte del señor Lamo, quien insistió en que las asociaciones son un cauce de representación y no de participación, y que había que distinguir lo lícito de lo ilícito y las asociaciones políticas de las profesionales.

Seguidamente, replicó el señor Fernández Nieto en los mismo términos que en su primera intervención. Por parte de la ponencia contestó a estas dos intervenciones el señor Sánchez de León ratificando lo que había expuesto con anterioridad.

De nuevo se reanudó el turno de observantes con Carlos Iglesias Selgas, quien hizo una defensa del proyecto presentado por la ponencia al tiempo que reconocía que significaba un gran paso frente al Estatuto de 1974. Puso de relieve el interés de que se haya utilizado la palabra partidos, y al final de su intervención escuchó algunos silbidos entre los aplausos.