La Cámara Baja debe asumir la iniciativa legislativa

La iniciativa legislativa debe corresponder a la Cámara Baja. Así lo estima la ponencia de consejeros nacionales que se reunió ayer de nuevo para estudiar los proyectos de reforma constitucional, y que propone al Gobierno sustanciales reformas en el sistema bicameral, según ha podido saber EL PAIS en fuentes bien informadas. El informe sobre el proyecto de ley de Sucesión a la Corona no ofreció problemas a la ponencia. Ambos serán entregados en breve y es muy probable que en la próxima semana se convoque la sección primera del Consejo Nacional, para elaborar el dictamen que será sometido a la aprobación del Pleno de esta Cámara. La agencia Cifra facilitó anoche la nota oficial de la reunión celebrada ayer por la ponencia, en la que no se ofrecen datos sobre el contenido del informe que se encuentra a punto de concluir.

En la línea de lo que ya anticipó EL PAIS, el pasado jueves sobre algunas posiciones radicalizadas en el seno de la ponencia citada -de la que forman parte los señores Benzo, Navarro, De la Fuente, García Carrero, Ortí, Palomares y Romero-, bajo la presidencia del titular de la primera sección del Consejo, dedicaba a Principios Fundamentales y desarrollo político, Jesús Fueyo, parecen haber prosperado las tesis más avanzadas, que serán las que figurarán en el informeEn medios políticos consultados por EL PAIS se ha destacado el hecho de que, entre los consejeros participantes en las reuniones sobre el sistema bicameral, hayan sido precisamente los de trayectoria más inmovilista -especialmente los señores Romero y Fueyo- quienes han adoptado una posición más reformista y progresiva, con una doble finalidad, según las fuentes citadas: obstruir el proyecto del Gobierno de lograr una reforma moderada de las instituciones y deteriorar la autoridad del vicepresidente del Consejo y ministro secretario general, Adolfo Suárez, cuyo propósito es lograr, al máximo, la colaboración del Consejo Nacional con el Gobierno.

El resultado del enfrentamiento dentro de la ponencia ha sido un documento, en avanzado grado de elaboración, del que los consejeros más moderados han conseguido que se omita la alusión a una mayor sinceridad legislativa del Gobierno, que pase, si es necesario, por la reforma de los principios del Movimiento y por el reconocimiento expreso de lo que el señor Romero llama estado gaseoso del Movimiento.

Sobre la supresión del grupo de consejeros nacionales conocidos por los 40 de Ayete -respecto al que las posturas eran especialmente encontradas-, la ponencia ha optado por exponer en su informe tanto los argumentos a favor corno en contra de la eliminación de éste grupo, cuyos miembros, según el proyecto del Gobierno, se convertirían en senadores permanentes (el último elegido, Adolfo Suárez, terminaría su mandato en el año 2007).

El informe de la ponencia sugiere que se aumente el número de diputados, que en el proyecto del Gobierno se fija en 300. Respecto al Senado, censura el apartado a) del artículo tercero del proyecto de ley en el que se establece que los cuatro senadores elegidos por cada provincia lo serán entre candidatos propuestos por las Diputaciones provinciales o Cabildos, por los Ayuntamientos y los órganos de empresarios y trabajadores resultantes, de la reforma sindical. La ponencia del Consejo Nacional se muestra partidaria de que tales corporaciones y órganos se limiten a proclamar los candidatos propuestos por asociaciones de vecinos y otras entidades más ligadas a la base popular. La ponencia de consejeros nacionales solicita, por otra parte, que el proyecto de ley explicite las relaciones del Gobierno con cada una de las dos Cámaras, por estimar que esta materia es netamente constitucional, y no puede dejarse a una ley ordinaria.

El informe a punto de ultimarse propone, en contra de lo establecido en el proyecto de ley -que otorga más importantes atribuciones al Senado- que la iniciativa legislativa corresponda siempre a la Cámara Baja o Congreso de Diputados. La Cámara Alta o Senado participaría en el proceso legislativo mediante una segunda lectura. Si la decisión del Senado fuera contraria a la del Congreso, el proyecto de ley volvería de nuevo al Congreso, en dónde sería exigido, para su aprobación, un quórum determinado, que podría ser de dos tercios.

Dada la profundidad de las modificaciones sugeridas por los consejeros nacionales, y caso de que prosperen en la Sección primera y en el Pleno del Consejo Nacional, el Gobierno tendrá que decidir -aunque el informe del Consejo no es vinculante- sobre la aceptación o no de las mismas, y según se afirma a EL PAIS en medios reformistas, es muy posible que los ministros políticamente más progresivos tomen pie en estas propuestas para intentar una remodelación más democrática del sistema bicameral.