Cinco familias viven en condiciones insalubres

«Sólo queremos vivir decentemente», dicen cinco familias que habitan en la finca número 161 de la calle Joaquín García Morato. Al no existir declaración de ruina, por parte de la Inspección, el casero ha optado por abandonar el edificio y se niega a realizar las obras necesarias para su reparación.

Cinco familias, de las once que habitaban la finca número 161 de la calle Joaquín García Morato, continúan viviendo en pésimas condiciones dada la abundancia de ratas, 14 defectuosa infraestructura del edificio y la situación de los servicios sanitarios.Hace unos cuatro años, las familias que habitaban esta finca -construida en 1888- solicitaron del casero, José Joel, una serie de reformas que viniesen a solucionar el problema originado por la rotura del canal de desagüe. En la calle se estaba construyendo un pozo, y los vecinos querían que se aprovechara para comunicarlo con el desagüe general.

Comenzaron las reparaciones, pero éstas quedaron suspendidas al negarse el casero a pagar las obras. El agujero -con unas dimensiones de tres metros de ancho por dos de profundidad- que entonces se abrió permanece tal cual, cubierto por unas tablas que sirven de pasarela a los vecinos a la hora de entrar en sus viviendas.

Las condiciones de suciedad aumentaron al derrumbarse uno de los servicios del piso superior y parte del corredor. El pozo recoge las aguas residuales de otros servicios y las familias que vivían en el patio se quejaron al casero porque en verano se sienten «unos olores que nos ahogan». Pero éste, lejos de poner solución a los problemas, comunicó a los vecinos que había presentado un proyecto en la Gerencia de Urbanismo para la construcción de un edificio lujoso de siete plantas.

Se ofreció a los inquilinos pasar a ocupar unas viviendas en el Puente de Toledo. La mayoría no aceptó esta propuesta ya que dichas viviendas parece ser que estaban en ruinas. Pasó entonces el casero a ofrecer unas cantidades monetarias que oscilaban entre las 40.000 v las 100.000 pesetas. Parte de las familias lo aceptaron, pero cinco de ellas consideraron que el dinero ofrecido era escaso y decidieron continuar viviendo en la finca.

Desde entonces, estas familias viven aisladas. El casero se ha olvidado del edificio, no tienen portera, sólo cuentan con un servicio sanitario que se está derrumbando, ellos mismos se encargan de limpiar las escaleras y de arreglar las paredes que, a falta de una buena reparación, se vienen abajo. Además, tienen que luchar contra la invasión de las ratas y de los mosquitos.

Los vecinos, personas ya muy mayores y algunas enfermas, dicen que «el casero sólo viene a cobrarnos los alquileres y nos dice que cuando venga Urbanismo nos echarán a la calle y, encima, nos quedaremos sin dinero». Quieren permanecer en sus viviviendas y opinan que es posible arreglarlas, ya que cuando se avisó a la Inspección no hubo declaración de ruina. Pagan una renta de cien a doscientas cincuenta pesetas y, «¿dónde en contraríamos unos alquileres tan bajos?». «Sólo queremos vivir decentemente, pero si seguimos así, un día ocurrirá algo grave».