Todo listo para el primer debate sobre la reforma

Todo está preparado para la sesión plenaria que las Cortes iniciarán esta mañana, con objeto de deliberar sobre la reforma política, a propósito del proyecto de ley reguladora del derecho de reunión. El presidente de la Cámara legislativa, Torcuato Fernández-Miranda,celebró ayer reuniones con quienes intervendrán en el debate: desde el ministro Fraga hasta los enmendantes rechazados por la ponencia, pasando por los integrantes de ésta y por el presidente de la Comisión de Leyes Fundamentales y Presidencia del Gobierno, Gregorio López Bravo. El orden de intervenciones ha sido fijado, y existe gran expectación por conocer el debut del procedimiento de urgencia.

El primero de los proyectos de ley de la reforma política habrá de ser aprobado por las Cortes, o en su caso, devuelto a la Comisión de Leyes Fundamentales y Presidencia del Gobierno. La decisión tendrá que adoptarla el pleno de la Cámara legislativa en un plazo máximo de veinticuatro horas, administrado por el presidente Fernández- Miranda, en función de la marcha de los debates.Tal vez para prevenir posibles dilaciones, el señor Fernández-Miranda tuvo ayer una jornada repleta de reuniones con cada uno de quienes participarán en los debates. Entre ellos, cinco de los procuradore que habían presentado observaciones por el trámite de urgencia y que fueron descalificados por la ponencia, han sido autorizados por el presidente para intervenir en las deliberaciones.

La ponencia estimó que las observaciones de los señores Sancho Rof, Regalado, Angulo Montes, Escudero Rueda y Martínez Villaseñor no planteaban cuestiones relacionadas con la oportunidad, conveniencia o líneas generales del proyecto de ley, sino sólo unas muy concretas enmiendas al articulado, similares a las formuladas con anterioridad a la disposición sobre la tramitación de urgencia. En consecuencia, tales procuradores no podrían intervenir hoy.

Algunos de los citados observantes -y concretamente los señores Sancho Rof y Regalado- presentaron el pasado sábado un escrito impugnando formalmente el criterio de la ponencia. Poco después, los cinco procuradores fueron convocados por el presidente para ayer, lunes.

A la reunión con Fernández-Miranda asistieron los procuradores mencionados -excepto el señor Sancho Rof, ausente de Madrid y representado por el señor Regalado-.

El señor Angulo mostró su asombro por el hecho de que la ponencia hubiera descalificado estas observaciones. El señor Regalado expresó la necesidad de dejar constancia en el pleno de que no se trata de observaciones dilatorias u obstruccionistas del propósito reformista del Gobierno, sino que, por el contrario, si se oponían a él era por considerarlo no democrático, o falto del suficiente grado de democracia preciso.

El presidente de las Cortes, tras anunciar que sólo cabe la aprobación del proyecto de ley o su devolución al Gobierno o a la Comisión, así como que está dispuesto a que la votación sea nominal, autorizó a los procuradores descalificados por la ponencia para que intervengan, si bien les exhortó a que sus intervenciones sean breves, y a no solicitar, salvo casos excepcionales, la réplica.

Aunque según algunas fuentes, la sesión plenaria se abrirá con la intervención del ministro Fraga -que también habló ayer con el presidente de las Cortes-, en medios legislativos bien informados se ha manifestado a EL PAIS que, en primer lugar, intervendrá el ponente, señor García-Valdecasas, y seguidamente los procuradores señores, Angulo, Escudero, Sancho Rof, Regalado, Lamo de Espinosa, Rosón y Peris.

En cualquier momento, y en todo caso antes de que se someta a votación el proyecto de ley, podrá participar en la deliberación el vicepresidente del Gobierno y ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, sobre cuyas palabras existe una gran expectación en la clase política, ya que se espera que, además de la regulación del derecho de reunión y manifestación, el señor Fraga defienda la estrategia global de la reforma política en marcha.

Uno de los artículos del proyecto de leyque será más debatido desde un punto de vista progresivo es el artículo sexto, relativo a la facultad de la autoridad gubernativa, en determinados supuestos, para prohibir reuniones previstas.