El llamado "Pacto Social"

En este país todos hablamos del pacto social. Unos para defenderlo como necesario aquí y ahora. Otros, como el movimiento obrero, y el propio autor de este artículo, para rechazarlo. Pero, ¿qué es el pacto social?, porque me temo que hay tantos conceptos de pacto como grupos de intereses existen.En todo caso, lo que está claro es que, en los últimos meses, hombres representativos del capitalismo financiero español, y del capitalismo industrial nacional y multinacional, han proclamado públicamente la necesidad que el empresariado español tiene de llegar a un pacto social con los trabajadores. Incluso desde la propia Organización Sindical, Martín Sanz y Martín Villa, máximos exponentes del «bunker» y del reformismo sindical, se han proclamado partidarios de un pacto social. En esta misma línea que, como vemos, concibe el pacto como cuestión que sólo atañe como interlocutores a empresarios y trabajadores, hay que situar la posición de los promotores de las organizaciones patronales en vías de constitución. Tal es el caso, por ejemplo, de Rodríguez Sahagún, que hace poco señalaba la necesidad del pacto social como algo «cada día más urgente para dar a la nación la estabilidad económica indispensable que garantice la viabilidad de la democracia». En esta línea habría que situar, por ejemplo, los acuerdos que en Suecia o en Holanda tienen lugar entre las Confederaciones de Trabajadores y de Empresarios.

Para otros el pacto social es cosa que sólo atañe a los Sindicatos y al Gobierno, y así, «La Voz Social», portavoz de la Organización Sindical vertical, hace pocos días llamaba pacto social al acuerdo sobre limitación de aumentos salariales y mejora de la fiscalidad suscrito en Inglaterra entre el Gobierno y los Sindicatos. Pero aún hay quien tiene otro concepto del pacto, que excede con mucho del marco estrictamente laboral, para entrar de lleno en el terreno de lo político. Tal es el caso de Alfonso Osorio, ministro de la Presidencia, que recientemente, en la clausura de la IX Reunión Bancaria Internacional, se proclamó partidario de «un sistema que permita un gran pacto social entre las distintas fuerzas políticas, económicas o sociales que operan en la realidad política española. O el caso de la Comisión Ejecutiva del PSOE histórico que acaba de llamar pacto social, para rechazarla, a la propuesta hecha hace días por Areilza, que este mismo denominó pacto nacional.

Como el lector podrá comprobar, aquí no hay quien se ponga de acuerdo sobre lo que sea el pacto social, aunque los que sí tienen una idea clara de lo que para ellos es el pácto social, de por qué lo necesitan ahora, y de qué pretenden con él, son los empresarios. Para ellos, el pacto social es el establecido entre los empresarios y trabajadores a fin de fijar los principios y las reglas que han de presidir la evolución general de las condiciones de trabajo, y de modo muy especial, la limitación, de los aumentos salariales, y la limitación de uso de los medios de acción sindical, especialmente la huelga. Un elemental seguimiento de los pronunciamientos empresariales permite afirmar que las razones que formalmente se alegan a favor del pacto social son el incremento de la conflictividad con millones de horas perdidas en huelgas, incertidumbre que en las expectativas empresariales de inversión ha introducido el movimiento huelguístico, el aumento del paro obrero, la disminución de los ingresos por turismo, el desequilibrio de la balanza de pagos, la disminución de la productividad, la distorsión entre legalidad y realidad en la vida laboral y sindical....

La filosofía empresarial del pacto social es bien simple: la interdependencia que en un sistema capitalista desarrollado se da entre las distintas ramas de la actividad económica, da lugar, según los expertos económicos del capitalismo, a que la fijación autónoma, por cada sector, de las condiciones de trabajo, pueda repercutir desfavorablemente en la evolución de las grandes magnitudes económicas y, de manera particular, en el ritmo de crecimiento de los precios de las materias primas y de los productos semielaborados. Quede, por tanto, bien claro que, para los empresarios, el pacto sociales un tratado de paz que, fundamentalmente, pretende la congelación salarial pactada y la renuncia al uso de la huelga como elemento de lucha de la clase obrera. El objetivo empresarial es, por tanto, utilizar el pacto como instrumento que asegura en las empresas una paz laboral octaviana que garantice la superación de la actual crisis económica de nuestro país y, en todo caso, la continuidad del sistema económico de empresa privada.

Pero el pacto social propugnado por los empresarios también tiene filosofía política, sí es que lo económico y lo político son aspectos separables de la única realidad social, que no lo son: la sociedad industrial moderna, dicen, es una sociedad conflictiva, en la, que inevitablemente se dan tensiones, entre capital y trabajo, tensiones que no pueden resolverse en el ámbito de una empresa o en el de una rama de la actividad económica, sino que tienen que abordarse en el conjunto de la economía. Los empresarios matizan más aún, y afirman que en la actual coyuntura española lo primero es lograr el pacto social que haga posible la estabilidad económica, y una vez lograda ésta... «ya hablaremos de la democracia política». Pero, sin perjuicio de analizar en próximos comentarios cuál sea la actitud del movimiento obrero organizado ante la oleada de propuestas de pacto social que está recibiendo, tengo que señalar que la defensa empresarial de la idea del pacto está adquiriendo entre nosotros matices de refinada sutileza política. Se dice a los trabajadores que el pacto social es la única alternativa frente a la intervención estatal, de manera unilateral, en la fijación de las condiciones de trabajo, y de modo especial frente al control estatal de los salarios, olvidando que existe otra alternativa, que es la de la libertad sindical. Concretamente, se afirma que los actuales problemas del sistema económico español sólo pueden resolverse, como, hasta ahora con decretos-leyes del Gobierno que fijan topes a los incrementos salariales o que niegan el derecho a la huelga, como el decreto-ley de veintidós de mayo de 1975, o con el pacto social. Se trata por tanto de sustituir el uso del decreto-ley como mecanismo de emergencia, por la congelación salarial pactada y por la renuncia pactada al uso de la huelga, sentándose trabajadores y empresarios a firmar un pacto en tomo a una mesa, que sería la mesa del llamado Consejo Económico Social para los defensores de la reforma sindical de Martín Villa.

Si algo queda claro creo es que, para los empresarios, el pacto social no es algo que se utiliza excepcionalmente, sino una ortopedia de uso repetitivo. Asimismo queda descartada toda identificación empresarial entre pacto social y convenios colectivos al uso entre nosotros. Yo me atrevería a afirmar que entienden el pacto como un convenio colectivo marco, o convenio cuadro, de ámbito nacional, al que tendría que subordinarse el resto de la negociación articulada de ámbito territorial inferior, posibilidad que contempla la vigente Ley de Convenios Colectivos de 1973, sin que, por razones que se desconocen se haya utilizado hasta la fecha.

Quede para próximos análisis intentar responder a las dos grandes cuestiones que entre nosotros suscita la repetida invitación al pacto social: ¿Por qué los empresarios piden ahora el pacto social? y ¿en qué medida un pacto social aquí y ahora no daría al traste con la lucha del pueblo español por la conquista de las libertades democráticas?