Celos, mala sangre e insidias en el pelotón ciclista español

Mediada la pasada Vuelta, por debajo de la exhibición de la banana mecánica de los Jumbo, un sordo ruido de fondo inundó el pelotón, y un poco escondido deseo. ¿Sabes lo de los papeles? ¿A ti te han llegado los papeles? ¿No vas a publicar nada de los papeles?

Los papeles que todos conocían, que unos cuantos querían ver publicados, que la Vuelta temía y que otros querían silenciar consistían en varios folios que con la transcripción de decenas de conversaciones y audios de WhatsApp procedentes del sumario de la Operación Ilex de la Guardia Civil contra el dopaje, grabados el último trimestre de 2021 y el primero de 2022, reflejan los contactos de varios corredores del equipo Caja Rural con el médico Marcos Maynar, de la Universidad de Extremadura.

La Operación Ilex, dirigida por un juzgado de Cáceres, es la que ha llevado a la suspensión por presunto dopaje de Superman López, que fue despedido del Astana y regresó a un equipo colombiano, y a la investigación por un presunto delito de dopaje de Vicente Belda, exdirector del Kelme implicado ya, en 2006, en la Operación Puerto, y de su hijo, también Vicente, que trabajaba como masajista de López en el equipo kazajo.

Los papeles los recibieron a primeros de septiembre, con la Vuelta ya en marcha, bien en abultados sobres por correo ordinario expedidos desde una oficina postal de Vitoria, bien vía email convertidos en PDF, los responsables de los 22 equipos que corrían la Vuelta, y llegó a las oficinas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), de la Unión Ciclista Internacional (UCI), de la federación española de ciclismo, de la agencia española antidopaje, de la Vuelta a España y a las redacciones de algunos periódicos y emisoras (no a EL PAÍS).

“Se trata de la difusión masiva de un informe parcial y descontextualizado de forma anónima con ánimo de dañar la reputación de este equipo, el Caja Rural-Seguros RGA”, explican desde el equipo navarro, que ha presentado denuncia en Madrid ante la Guardia Civil “por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito” de revelación de secretos. “Al desconocer la persona o personas autora/es de los hechos, la denuncia no se dirige contra persona concreta, y así se refleja expresamente”. El equipo, sin embargo, cuenta con indicios, aunque no pruebas concluyentes, de quién puede ser la persona responsable.

Anteriormente, según fuentes de la Guardia Civil, que ya investigaba el envío, el juzgado de Cáceres de la Operación Ilex había abierto pieza separada por esta revelación, que, según los primeros informes policiales, coincidentes con los que posee el Caja Rural, provendría de un dirigente de un equipo descontento por no participar en la Vuelta. En España, aparte del Movistar, que pertenece a la categoría WorldTeam y tiene derecho fijo a participar en las grandes pruebas, existen cuatro equipos de segunda división, la de ProTeam, que solo pueden participar con invitación de la carrera. No caben todos. En 2022 Unipublic, el organizador de la Vuelta, invitó a tres de ellos –Kern Pharma, Euskaltel Euskadi y Burgos BH—y dejó fuera al Caja Rural. En 2023 solo invitó a dos, al Caja Rural y al Burgos. Todos consideran la participación en la Vuelta un objetivo primordial.

En la investigación de la Operación Ilex, la Guardia Civil constató que decenas de deportistas, especialmente ciclistas, tenían contactos con Maynar sobre el consumo de determinadas sustancias y consejos de entrenamiento, pero los papeles que inundaron la Vuelta se referían únicamente a las conversaciones que con el sulfuroso doctor mantuvieron algunos corredores del Caja Rural. A través de ellas, y por las palabras tanto de Maynar como de los corredores, los investigadores de la Guardia Civil concluyeron que el contacto entre ambas partes lo había establecido Juan Manuel Hernández, mánager y responsable deportivo del equipo.

“Las conversaciones no son prueba de que se cometiera un delito de dopaje, ni se puede sancionar a los corredores porque aunque esté investigado y haya estado implicado en otros casos de dopaje durante años, Maynar no está suspendido por dopaje en España, aunque sí los estuvo en Portugal 10 años, entre 2009 y 2019, y puede atender a quien quiera”, señalan fuentes de la investigación que lamentan la escasa ayuda que prestan los equipos y los deportistas, los grandes perjudicados, respetuosos con la ley del silencio, cuando les pide colaboración para profundizar más en la trama de Maynar. “No es delito lo que hacen, pero lo hacen a espaldas del resto del equipo y en contra del reglamento de la UCI, que exige que a los deportistas solo les puedan tratar los entrenadores y médicos que figuren en la plantilla oficial del equipo”.

Todos en el mundillo del ciclismo concentrado en la Vuelta, los impacientes y los ansiosos, los que querían que no se hablara para nada del asunto y algún equipo rival que poco amoroso con el Caja Rural animaba a los periodistas a contarlo todo, finalmente siguieron la táctica del avestruz. Todos metieron la cabeza en la arena y esperaron que pasara la tormenta tan insólita. Ni la federación española ni la UCI ni la agencia antidopaje han profundizado en la investigación y el Caja Rural anuncia que tomará internamente las decisiones necesarias.

Solo, y en segundo plano, reaccionó Unipublic, la empresa organizadora de la Vuelta, que habló con los responsables del Caja Rural pidiéndoles que era su responsabilidad que el asunto no salpicara a la carrera. Al día siguiente de la conversación, el mejor corredor del equipo, el campeón venezolano Orluis Aular, magnífico sprinter (segundo en la etapa de Oliva), se retiró de la Vuelta alegando “una indisposición”. Aular era el único corredor de la alineación de la Vuelta del equipo navarro cuyo nombre figuraba en los papeles conversando con Maynar. La única víctima con nombre y apellidos de la insidia de los papeles, un deportista “totalmente inocente”, según los investigadores, participó tres semanas después en la Vuelta a Croacia. Se impuso en una etapa y ganó la general final.

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