La primera fase de la batalla por la sucesión de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es por el control de los tiempos del proceso. El primer asalto lo ganó el propio Rubiales, cuando escogió el domingo por la noche para presentar su dimisión. Acababa de decidir, así, el momento en que se activaba un proceso que entonces se encontraba durmiente, porque resultaba casi imposible sacar adelante una moción de censura en su contra. Rubiales pasaba a ser entonces el dueño del calendario, según marcan los estatutos de la RFEF, que fijan que una vez presentada la dimisión, debe ponerse en marcha el mecanismo para encontrar un nuevo presidente. Pero los estatutos admiten varias posibilidades, y ahí se abre la guerra por el control de los tiempos entre partidarios del exmandatario y díscolos.

El artículo 31.8 invocado por la RFEF el domingo por la noche en el comunicado en el que dio oficialidad a la dimisión que Rubiales había anticipado en una entrevista en Londres con el periodista Piers Morgan, abre un escenario impreciso: “Si el presidente cesara por causa distinta a la conclusión de su mandato, la junta directiva se constituirá en comisión gestora y convocará elecciones para proveer al cargo”, dice el texto. Pero no fija qué plazo tiene la comisión gestora para convocar los comicios. Ese es el primer punto de discordia entre partidarios y detractores del anterior máximo responsable, todos ellos curtidos en la burocracia y los equilibrios de la corte de Las Rozas. Con todo, aunque la normativa no lo especifique, lo normal es que la junta gestora esté activa el tiempo mínimo necesario y no dilate en exceso la apertura del proceso electoral.

El resto del artículo abre la siguiente discrepancia, también de carácter temporal: “El que resulte elegido ocupará el cargo por tiempo igual al que restase por cumplir al sustituido”. Rubiales fue escogido en septiembre de 2020 para un mandato de cuatro años que, al estar España clasificada, debería concluir después de los Juegos Olímpicos del verano que viene en París, entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

Este marco legal admite varias posibilidades. Los barones de las territoriales afines a Rubiales prefieren que el sucesor apure el límite del mandato hasta finales de 2024, según diversas fuentes conocedoras de los últimos movimientos de este grupo. Esta votación del nuevo presidente la realizará la misma asamblea que escogió a Rubiales, y que le ha venido respaldando, por lo que esta facción de dirigentes confía en coronar a un candidato de su confianza. En ese supuesto, prefieren alargar ese periodo interino al máximo para tratar de amarrar las siguientes elecciones, que escogerían presidente para el siguiente ciclo olímpico, hasta 2028.

Al otro lado se sitúan los dirigentes territoriales más reticentes a Rubiales. Algunos de ellos piensan que su dimisión es una jugada para marcar los tiempos de las elecciones.

Los contrarios a Rubiales pretenden que el presidente que salga electo no apure el mandato hasta después de los Juegos. Para ello tienen dos vías. La primera es que el presidente elegido por la actual asamblea solicite el adelanto electoral al Consejo Superior de Deportes en enero de 2024. La normativa, una orden ministerial, lo permite si la petición está bien razonada. Para estos comicios ya habría que elegir primero una nueva asamblea, distinta a la que aupó a Rubiales. Este primer proceso llevaría a la celebración de las elecciones a finales de febrero o principios de marzo. Este es el camino preferido por el Gobierno.

Dura pugna

La segunda posibilidad requeriría de la cooperación del Ejecutivo. Se trataría de fusionar en uno los dos procesos electorales previstos, de modo que a principios de 2024 se escogiera directamente un presidente que ejerciera hasta 2028. Esta vía necesitaría que La Moncloa modificara la citada orden ministerial que rige los procesos electorales de las federaciones. Está por ver si el presidente del CSD, Víctor Francos, opta por esta opción.

La contienda entre los dos bandos es una dura pugna en la que se entremezclan los intereses de unos y otros. Los barones de las territoriales que se mantienen más fieles a Rubiales —Rioja, Melilla, Aragón, Ceuta, Murcia, Extremadura— abogan por no cortar el cordón umbilical con el que hasta el domingo fue su presidente, representado en las figuras del secretario general, Andreu Camps, y el asesor jurídico externo Tomás González Cueto. Este factura, a través de su espacho GC, cientos de miles de euros a la federación. Los barones que sí pretenden sesgar de inmediato el rubialismo se preguntan si con González Cueto no puede darse un conflicto de intereses encubierto. Uno de ellos admitía este lunes a este periódico que son conscientes de que cabe la posibilidad de que González Cueto utilice su facturación a la federación para pagar los abogados que contrate Rubiales para defenderse.

En el caso del secretario general, Andreu Camps, el presidente interino Pedro Rocha y los acólitos de Rubiales defienden que es un hombre clave en la candidatura de España, Marruecos y Portugal para organizar el Mundial 2030. Apelan a que Camps tiene buenos contactos en la FIFA cuando en realidad es un desconocido en la esfera internacional del fútbol.

Bajo este paisaje de confrontación, Pedro Rocha tiene previsto convocar a los presidentes de las territoriales entre el miércoles y el viernes. Este lunes estuvo en Jaén presenciando el partido de la selección sub-21 ante Escocia. Le acompañó Salvador Gomar, presidente de la territorial valenciana y el favorito de los anti-Rubiales para que sea el próximo máximo mandatario del fútbol español.

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