La jueza admite la denuncia de la Fiscalía y ordena a la Guardia Civil que averigüe el “motivo” de los pagos del Barça a Negreira

La investigación judicial contra el FC Barcelona por el caso Negreira ya está en marcha. La magistrada Silvia López ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el club azulgrana por un delito de corrupción en el ámbito deportivo y, también, la querella interpuesta por un árbitro del VAR contra el exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríquez. En un auto difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la magistrada ordena a la Guardia Civil que “lleve a cabo las diligencias necesarias para determinar el motivo o trabajos” por los que el Barça pagó 7,3 millones de euros a Negreira entre 2001 y 2018 y, también, cuál fue el “destino” del dinero cobrado por las empresas del exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA).

El auto de admisión a trámite supone el pistoletazo de salida de la instrucción. En mayo de 2022, la Fiscalía inició la investigación tras recibir un aviso de la Agencia Tributaria sobre los pagos del club azulgrana a Negreira que, presuntamente, no obedecían a ningún trabajo real. En su declaración ante Hacienda, el exárbitro dijo que el Barça le pagó para asegurarse arbitrajes “neutrales”. Por órdenes de la Fiscalía, el Cuerpo Nacional de Policía tomó declaración a testigos e investigados (como el expresidente Josep Maria Bartomeu) pero tuvo que poner fin a las diligencias cuando —después de que la Cadena Ser destapara el escándalo de los pagos— un árbitro del VAR denunció ante los juzgados a Negreira y también a su hijo.

La querella del árbitro del VAR recayó en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, cuyo titular es Joaquín Aguirre. El magistrado investiga un asunto de gran complejidad —el caso Voloh, sobre presunta corrupción en torno al proceso independentista— y le fue asignada una magistrada de refuerzo, la veterana Silvia López, que ha dictado el auto de admisión a trámite de la querella y también de la denuncia que, el viernes, formalizó la Fiscalía. Esta denuncia acusa al Barça de un delito continuado de corrupción en el ámbito deportivo por los pagos injustificados a Negreira. El club, según la tesis de la acusación, trató de lograr que el exdirigente le “favoreciese” en los partidos y alterase así el resultado de las competiciones. La denuncia se dirige también contra los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por corrupción en el deporte, pero también por administración desleal y falsedad en documento mercantil.

El auto reproduce el contenido de la querella del árbitro del VAR y de la denuncia de la Fiscalía. La jueza ve “procedente” llevar a cabo una investigación patrimonial sobre Negreira “y su entorno próximo”. Pese a los abultados sueldos que le abonó el Barça, no se ha apreciado un incremento de su patrimonio. Según fuentes de la investigación, el exárbitro y varios colaboradores retiraron grandes sumas de dinero en efectivo. La magistrada también ordena a la Guardia Civil, como solicitaba la Fiscalía, “averiguar la identidad de quienes ostentaban los cargos de director general, CEO o director financiero” en la etapa de Rosell, entre 2011 y 2014.

Una vez que concluya esa primera investigación, añade la jueza, será el momento de tomar declaración a los investigados (Rosell, Bartomeu y dos directivos de la etapa de este último como presidente) y también a los testigos propuestos por la Fiscalía. Entre ellos están citados el presidente del Barça Joan Laporta, el expresidente Joan Gaspart o los exentrenadores del club Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde. En su auto, la jueza admite también la personación de la Liga de Fútbol Profesional como acusación particular en la causa.

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