La presunción de culpabilidad como único argumento
¿Es legal que profesores de economía de reconocidas universidades se permitan presumir la condición de delincuentes de los profesionales que componemos el fútbol profesional español?
Una vez más, espero que sea la última, me veo en la obligación como representante de los clubes de LaLiga que presido de salir en su defensa ante la tergiversada critica a LaLiga Impulso —basada únicamente en presumir una actuación delictiva por parte de los clubes— que los profesores de Economía, Conde-Ruiz y Jimeno Serrano han vertido en su último artículo publicado en EL PAÍS.
Digo que espero que sea la última porque es evidente que no hay ningún interés en hacer un verdadero análisis de la operación, ni en reflejar realidades como que hemos recibido una elevada valoración validada además por expertos independientes, que lo han hecho como se hacen estas cosas con un estudio exhaustivo de la operación atendiendo a la sensibilidad al riesgo o la TIR de la misma, de la WACC aportada, de los ratios EBITDA, con una comparativa con operaciones similares en industrias de ocio y entretenimiento.
Por ejemplo, insisten en plantear que la operación “puede interpretarse como una venta acelerada (fire sale)” y sin dar ni un solo dato añaden que no lo dicen por insultar “sino por señalar una acción frecuente de muchas empresas en situaciones económicas complicadas” y concluyen, quizá no por insultar sino sencillamente por mentir, que la selección de CVC se hizo “sin un proceso transparente y competitivo”.
Nos explican, eso sí, en qué situaciones se puede dar una venta acelerada, debe ser por su condición de profesores, pero yo apelo a su condición de economistas y les animo a que dediquen algo de tiempo a estudiar las cuentas anuales de algunos de los clubes de fútbol españoles, como por ejemplo el Villarreal, Celta de Vigo o Eibar entre otros muchos antes de inferir de manera tan ligera y atrevida que estos clubes se han adherido a LaLiga Impulso para solucionar un problema de liquidez.
Porque cuando se abordan operaciones financieras de envergadura, y la de CVC con LaLiga lo es, es imprescindible dedicarle mucho tiempo al estudio y análisis previo, empezando por la designación del socio. En este sentido, la elección de CVC —como ya explicamos— es el resultado de un intenso trabajo de exploración, de conversaciones con otros fondos y de estudios comparativos para finalmente seleccionar al que sin duda es el mejor socio industrial para una operación de esta singularidad. Y señores, tan mal no habremos elegido cuando estamos viendo a la Ligue 1 anunciar un acuerdo también con CVC.
Pero además de la falta de análisis económico de la que ya adolecía el artículo anterior, en este se insiste de manera peligrosa y reiterada en una idea que sí es un insulto a la profesionalidad y honradez del colectivo del fútbol profesional español.
Dicen los autores en su escrito que “los clubes que participen en LaLiga Impulso recibirían más dinero cuanto peor les fuera a los que no participen en su estructura. En esencia, en LaLiga Impulso hay, implícitamente, primas por perder”. Y preguntan a lo largo del mismo en reiteradas ocasiones: “¿Es esto legal?”. Les contesto, señores, primero, en calidad de abogado: no, no es legal, es un delito. Pero también les respondo en calidad de presidente de LaLiga, ¿están ustedes planteando como posible un escenario en el que directivos y jugadores de diferentes clubes diseñaran un plan conjunto en el que todos delinquieran de manera organizada con el objetivo de que, como en el ejemplo que presentan, un club facture 220 mil euros más. ¿De verdad es eso lo que piensan que es el fútbol y las personas que se dedican profesionalmente a él? ¿No les da ni siquiera un poco de reparo presumir la condición de delincuentes de los profesionales del fútbol al defender una opinión que solo es eso, una opinión?
Porque déjeme que les diga que las posibilidades de fraude en el fútbol, como en muchos otros ámbitos, se dan desde el momento en que hay personas capaces de imaginar estrategias como las que ustedes apuntan.
Existen de hecho numerosos delitos y fraudes que se han dado en el mundo del fútbol sin la necesidad de que existiera un acuerdo como el de CVC. ¿Y saben por qué lo sabemos? Porque desde LaLiga se lucha contra estas prácticas desde hace años. Y lo hacemos como se hacen estas cosas, no dando opiniones infundadas de situaciones que no se han dado sino identificando casos reales, poniéndolos en conocimiento de la policía y siendo parte activa de la acusación en los correspondientes procesos jurídicos.
Fruto de esa lucha es inviable pensar que se pueda dar esa confabulación delictiva que los autores plantean en la que directivos y jugadores profesionales se avienen a formar parte de un plan conjunto para cometer un delito.
Y ahora pregunto yo, parafraseando a los autores: que profesores de economía de reconocidas universidades se permitan presumir la condición de delincuentes de los profesionales que componemos el fútbol profesional español, eso ¿es legal?, ¿se debe permitir?
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