Una ley para liberalizar el deporte

El deporte gira en España en torno al fútbol profesional, a sus problemas estructurales y económicos y, consiguientemente, la filosofía que preside las leyes del deporte está marcada en gran parte por la coyuntura futbolística, que arrastra a todos.

El proyecto de ley del deporte que ayer aprobó el consejo de ministros “actualiza y adapta”, en palabra del ministro de Cultura, Miquel Iceta, la anterior ley, la que aprobada en 1990, también con Gobierno socialista (y sin el voto a favor del Partido Popular en el Congreso), podría ser considerada como la primera ley de la democracia pues reemplazaba a la de 1980, de clara línea neofalangista en su consideración de la práctica y la organización del deporte en España. Si el núcleo alrededor del que giraba la ley de Javier Gómez Navarro, secretario de Estado en 1990, era el del plan de saneamiento de los clubes de fútbol, ruinosos siempre, y su acceso a más ingresos de las quinielas a cambio de transformarse en sociedades anónimas, la nueva ley del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, que inicia su viaje parlamentario tras su paso por el consejo de ministros, podría considerarse la de la marcha atrás, la de una cierta liberalización del deporte, pues elimina de un plumazo la obligación de ser sociedades anónimas deportivas para participar en competiciones profesionales.

Se acaba la era de las SAD, la estructura de propiedad obligatoria para todos los clubes de LaLiga salvo el Barça, el Madrid, el Athletic y Osasuna, y desde este año el Amorebieta (todos ellos exentos, y propiedad de los socios aún, por su peculiar sociología o ausencia de deudas cuando la conversión), y se acaba también, tras una aportación al articulado del PNV, ya activo en los presupuestos del Estado y preocupado por los clubes vascos, la obligatoriedad de las directivas de los clubes no SAD de presentar un aval bancario del 15% del presupuesto de gasto. El proyecto, que deberá ser aprobado por Congreso y Senado, establece que los clubes, si quieren fijar un aval, podrán establecer el porcentaje que consideren oportuno (el Athletic ya ha anunciado que lo rebaja al 5%). En sus consideraciones sobre la ley, el CSD explica que las razones del cambio a un modelo libre, al gusto de la entidad, estriban en que la obligatoriedad de las SAD no evitó en la práctica el endeudamiento de los clubes y, precisa, en un artículo que ofrece más autonomía, independencia y poder a las ligas profesionales, “la regulación del reparto de las retransmisiones televisivas junto con los controles económicos de las propias ligas se han revelado eficaces mecanismos”.

En un afán mayor de democratizar las estructuras, y lograr que dejen de ser un coto cerrado de millonarios, la ley elimina también la obligatoriedad de presentar un aval por parte de los candidatos a la presidencia de los clubes, una de las armas que algunos presidentes, como Florentino Pérez, en el Madrid, utilizaba para bloquear el paso a nuevos candidatos, tan elevada es en el club blanco la cuantía del presupuesto y del aval personal correspondiente.

El resto de la ley, que parte del presupuesto de reconocer el derecho de los ciudadanos a la actividad física y el deporte, un derecho que debe garantizar el Estado, se corresponde con una actualización para adaptarse a los nuevos modos de la sociedad y para impulsar la igualdad de género, la inclusión y la diversidad.

Todas las entidades, públicas o privadas (federaciones, clubes), deberán equilibrar la presencia de mujeres en sus órganos directivos; federaciones y ligas deberán realizar anualmente un informe de igualdad de género, y contarán con un protocolo de prevención de discriminación, abusos y acoso por razón de sexo; se promoverá la igualdad en la visibilidad en los medios de eventos deportivos masculinos y femeninos; se buscará reducir la merma de derechos de las deportistas al quedar embarazadas, y se velará por liberar a la imagen de la mujer de estereotipos sexistas y cosificación sexual. La ley también dedica un aparte a destacar y proteger los derechos de las personas LGTBI, para eliminar discriminación, y también incluye la LGTBIfobia como conducta sancionable junto a la violencia, el racismo, la intolerancia y la xenofobia.

Si algunas federaciones españolas, como el ciclismo o el triatlón, ya incluyen en sus paraguas la sección de deporte adaptado, el practicado por deportistas con alguna discapacidad, la gran mayoría de ellos se agrupan en la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. La nueva ley plantea la inclusión de todas las personas en la misma federación y establece la obligatoriedad de la unión de las modalidades deportivas en una única federación cuando así ya lo haya hecho la respectiva federación internacional.

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